La cifra representa un aumento del 20% respecto al mismo
periodo del año anterior. En tanto, el número de empresas liquidadas
aumentó en un 11%. Las cifras aún no dan cuenta de la magnitud de la crisis
económica, afirma el abogado Ricardo Ibáñez de Defensadeudores.cl.
El coronavirus no da tregua a la economía del país y el bolsillo lo siente. Durante el primer semestre, en la región hubo un explosivo aumento de personas y pymes que decidieron quebrar para dar una solución a su problema de endeudamiento.
Según el último reporte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), 152 personas se acogieron al procedimiento de liquidación en los primeros seis meses el año. Esto es un aumento de 20% respecto al mismo periodo de
tiempo del año anterior.
Para el abogado y socio fundador de Defensadeudores.cl, Ricardo
Ibáñez, las cifras aún no reflejan la profundidad del problema. “Nuestro diagnóstico para el segundo semestre es que va a seguir el aumento de solicitudes de quiebra, ya que todo
indica que el desempleo debiese al menos duplicarse, y serán más las personas atrapadas por las deudas que verán en la quiebra una opción real para salir de su situación de so-
breendeudamiento”, afirmó.
La situación es igual de compleja para las empresas de todos los tamaños. Según los datos de la Superir, en el primer semestre hubo una crecida de 11% de liquidaciones, to-
talizando 31 organizaciones que se acogieron a la Ley 20.720, conocida como “ex ley de quiebras” o de Insolvencia y Reemprendimiento.
“Es indudable que una vez levantada la cuarentena se debería producir un aumento explosivo de las solicitudes de liquidación, ya que también enfrentaremos un alza en las notificaciones de demandas judiciales por parte de los acreedores en contra
de los deudores”, explicó el abogado.
“En todo caso, creemos que los efectos más duros de esta crisis real-
mente se dejarán sentir durante 2021, cuando las pymes tengan que enfrentar el pago de las obligaciones postergadas, como los créditos hipotecarios, y adquiridos, como las líneas de financiamiento Covid”, precisó.
¿Cómo funciona la Ley?
El 36,1% de los habitantes mayores de 18 años de la región se encuentra moroso. Los 207.414 habitantes de la región que se han atrasado con el pago de sus compromisos fi-
nancieros deben en promedio más de $ 1,7 millones según el último informe de morosidad dado a conocer por Equifax y la Universidad San Sebastián.
Bajo este contexto, “la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento puede ser una alternativa para que las personas y pymes que están insolventes, es decir, que no pueden cum-
plir con sus compromisos financieros encuentren una salida: puedan rehabilitarse financieramente y volver a reemprender. La Ley es una solución a los problemas de sobreendeudamiento y morosidad”, recalca Ricardo Ibáñez.
Las opciones para las personas La Ley 20.720 permite que las personas que se han atrasado con el pago de sus deudas puedan optar a dos procedimientos. Por un lado está
la renegociación de deudas, con la que se buscan mejores condiciones de pago con los acreedores. “Esta alternativa es de carácter gratuito y se tramita ante la Superir”, indica
Ibáñez.
Por otro lado, cuando no es posible pagar las deudas, aunque se obtengan mayores plazos de pago, existe otra alternativa que es presentar una solicitud para liquidarse. En este caso la persona deudora deberá contar con un abogado y entregar sus bienes para que con la venta de ellos se pague a sus acreedores.
“Aunque el monto de la deuda sea superior al valor de sus bienes, tras someterse a la liquidación todos los compromisos financieros quedan extintos y podrá salir de los registros
de morosidad”, comenta el abogado.
Alternativas
para empresas
Al igual que las personas, empresas de todos los tamaños pueden acogerse a
la Ley 20.720 y optar entre las dos alternativas, dependiendo de la situación económi-
ca en que se encuentren.
Si es posible que la empresa siga operando, puede optar por reorganizarse. En este caso se buscarán mejores condiciones de pago a sus acreedores y se reestructurarán sus pasi-
vos y activos.
“Cuando la empresa no es viable y debe dejar de funcionar, existe la posibilidad de darle un cierre ordenado al solicitar la liquidación de la empresa”, agrega Ibáñez.
El objetivo es la venta rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora para pagar
a sus acreedores. Con ello se extinguirán los compromisos financieros y existirá la opción de volver a reemprender.
