«25 mil trabajadores deberían ser traspasados de honorarios a contrata»

En el marco de una asamblea con dirigentes locales, en medio del proceso que están viviendo para ir informando los avances de los trabajadores del sector público, Carlos Inzunza, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) conversó con LA REGIÓN para abordar la situación.
Según cuenta Inzunza, «hemos venido desde la instalación del gobierno monitoreando los efectos que tiene en nuestros servicios y la estabilidad en el empleo».
Relata que inicialmente, se había visto una sucesión bastante tranquila en términos que no hubo mayores cambios, pero la situación habría cambiado, «durante las últimas semanas se han estado produciendo una serie de despidos en algunos servicios como la seremi de Vivienda y otros en que se está empezando a visualizar un procedimiento de despido arbitrario en donde no hay argumentos sobre los despidos, son trabajadores de línea, que cumplen funcionen regulares y permanentes» advierte.
A fines de mayo, la Anef había recurrido a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento respecto de si procede en el plan de regularización de empleados a honorarios, que pasan a contrata, ante esto Inzunza señaló que «consolida la jurisprudencia en los últimos años, consolidando los criterios de estabilidad laboral de los trabajadores públicos».
«La Contraloría nos ha dado la razón en que quienes eran trabajadores a honorarios y fueron traspasados en los últimos tres años a condición de contrata van a poder contabilizar el tiempo trabajado a honorarios para efectos de ser sujetos de legítima confianza» agregó el dirigente.
Según explica en términos prácticos, «ha sido un proceso, fruto de los acuerdos de la Anef con el gobierno, que ha permitido durante los últimos cuatro años a más de 17 mil trabajadores a honorarios pasar a contrata, algo de gran envergadura y lo central que se siga avanzando en la línea correcta que el Estado empleador debe terminar con estos formatos de empleos precarios para que todos los funcionarios públicos tengan al menos condiciones laborales en que cuenten con plenos derechos sociales».
Consultado por el caso del Instituto Nacional de Estadísticas que desvinculó a todos los periodistas a nivel nacional, Inzunza recalcó en que «es una situación que se ha repetido no solo en el INE, durante el proceso inicial de instalación del gobierno hubo en distintos servicios, en el Ministerio de la Mujer, Bienes Nacionales, gobernaciones e intendencias, un criterio que evidentemente provino de La Moneda, de considerar a profesionales de las comunicaciones como personal de confianza, estamos convencidos que es un error, porque buena parte trabajan en apoyo de las líneas de comunicación institucional».
Según el dirigente han buscado abrir espacios de diálogo con el gobierno, «en las últimas semanas hemos reinstalado el proceso de negociación sectorial, con el Ministerio de Hacienda y Trabajo, en estas semanas estamos estableciendo las mesas de trabajo para dar continuidad a los procesos que quedaron sin resolverse plenamente con el gobierno anterior, pero ha estado cruzado con estas prácticas autoritarias con algunos jefes de servicio en que han llegado a la administración pública con un criterio errado de los funcionarios públicos» agregó.

Trabajadores a honorarios

Según cuenta Inzunza, en el Estado todavía quedan 25 mil trabajadores que deberían ser traspasados porque «cumplen funciones regulares y permanentes», a lo que señaló que «entendemos y así se lo hemos hecho ver al gobierno que es absolutamente posible plantarse como meta que a mediados o finales de este gobierno de una vez por todas quede saldada esta deuda que hay con los trabajadores precarizados en la administración pública».