Después de años de investigación, Lucía Pinto y otros involucrados serán formalizados el próximo 26 de mayo en el Juzgado de Garantía, acusados en el marco del caso PapayaGate, que involucra millonarias irregularidades en la compra de inmuebles financiados con recursos públicos.
Por Joaquín López B.
La audiencia se agendó para el 26 de mayo, a las 8:30 horas, en el Juzgado de Garantía de La Serena. El caso PapayaGate comprometió cerca de 9.800 millones de pesos del Gobierno Regional de Coquimbo en la adquisición irregular de bienes inmuebles.
La investigación penal se inició en 2020, cuando la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, abrió una causa en contra de Lucía Pinto, exintendenta de la región. Previamente, la Contraloría General de la República había iniciado investigaciones administrativas sobre la compra de terrenos financiados con recursos públicos de la, entonces, Intendencia.
A Pinto se le imputa el delito de fraude al fisco consumado, según lo establecido en el artículo 239 del Código Penal. El caso será llevado por la jueza subrogante Carolina Baroncini, mientras que el Ministerio Público expondrá formalmente los cargos en la audiencia. Cabe precisar que la formalización no implica aún una acusación definitiva, sino que corresponde al acto procesal donde se comunican oficialmente los hechos que motivan la investigación.
Junto a Pinto, también serán formalizados José Eduardo Cáceres Rojas, Pablo Antonio Bracchitta Krstulovic, Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud, Manuel Alejandro Daire Daud y Luis Gastón Iver Hudson.
Desde el ámbito político, parlamentarios de la región han criticado el ritmo del proceso judicial, cuestionando tanto la gestión de Lucía Pinto como la actuación de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
El diputado Daniel Manouchehri valoró el avance del Ministerio Público, señalando que parte de la justicia implica «la rapidez de estos procesos». Añadió, «mucha gente nos había comentado respecto de por qué veían que otros casos de corrupción sí avanzaban, pero el PapayaGate no había avanzado en cosas concretas, como la formalización».
Manouchehri también recordó otras investigaciones en curso en la región, «como lo que está sucediendo con la investigación del exalcalde Pereira y toda su gestión en Coquimbo. Creemos que es importante que en este tipo de casos se pueda avanzar en la investigación».
Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida cuestionó la demora en el avance del proceso y declaró que «me parece bien curioso que después de 5 años se pida fecha de formalización». Según su opinión, «la justicia no anda al ritmo de la realidad, porque no puede ser que después de 5 años recién entremos en la etapa de formalización. Acá la justicia tiene que actuar mucho más rápido si queremos que sea eficaz».
Fuenzalida además sugirió que podría existir «algún tipo de presión» en el avance de la causa, y comparó la situación con investigaciones como los casos Audios, Crispi, Casa Allende y Sierra Bella. También atribuyó responsabilidad al senador Daniel Núñez, a quien acusó de «presionar fuertemente a través de los medios y redes sociales», cuestionando que el avance ocurra «justo en un año electoral».