Más de 38 millones de pesos que la empresa de Servicios C&C Limitada, representada por Yasna Del Carmen Caamaño, debería a CGE. Se afectó a 800 familias del sector Cruz de Caña en Pan de Azúcar, que se quedaron sin servicio eléctrico durante gran parte del miércoles. Tras protestas y la presión popular, se repuso el servicio. Al lugar llegó el alcalde Alí Manouchehri.
Los vecinos dependen de una particular que les cobra mes a mes una cuenta «desordenada», denuncian. Los pobladores aseguran haber cancelado todo este tiempo, pero la mujer no habría pagado a CGE, lo que provocó todo el drama.
En medio de una protesta, ayer llego el alcalde Alí Manouchehri. «No vengo acá para prometerles nada, solo que los acompañaré en esta lucha», dijo con megáfono en mano.
En el año 2016 comenzaron a llegar las primeras familias a lo que hoy es conocido como Villa Cruz de Caña. Son terrenos loteados, dice la dirigente Rosa Galleguillos. Afirma que jamás se les habría informado todos los problemas que vendrían en el futuro. «No sabíamos que no podíamos comprar menos de 5 mil metros cuadrados »…
Neumáticos encendidos eran sinónimo de tensión. Hombres y mujeres de todas las edades alegaban el corte del suministro a eso de las 11 am. «Hay gente, en su mayoría de la tercera edad, que está sufriendo. Sin luz ni agua estamos, ya que las bombas funcionan con electricidad. Hay personas enfermas, que necesitan ventiladores mecánicos y manutención de insulina, esto se escapó de las manos», cuenta Francisca Cornejo, vecina del lugar.
Aquella decisión de la empresa se materializó debido una deuda de $ 38.849.423, de parte de una antigua miembro de la junta de vecinos y que hoy administra los terrenos de esta comunidad. El reclamo hace referencia a que, según los mismos vecinos, estos cancelaron mes a mes lo pedido por la señora Del Carmen, sin embargo, esta última no habría cumplido con su parte al no pagar la cuenta a CGE.
«La señora Yasna nos brindada la energía que le fuimos pagando todos estos meses. Desde un poste nos alimentaba de luz a todas las familias y cobraba dependiendo de su tincada. Cada uno instaló un medidor, y ella mandaba a una persona a revisarlo y nos hacía los cobros, que variaban todos los meses de manera bastante irregular», cuenta otra de las dirigentes.
Así, había cobros que se elevaban de la noche a la mañana supuestamente hasta los 60 mil pesos, cuando casi siempre pagaron 20 mil. Incluso habrían boletas millonarias de hasta 3 millones de pesos. «Esta mujer, que hoy está desaparecida, nos cobraba solo por el derecho a la luz, y acá eso pega fuerte debido a que además nos chorrea con el tema del agua potable, por el asunto de las bombas».
El tema no es nuevo en la comuna de Coquimbo. El año pasado hubo una serie de reuniones entre la ex autoridad comunal Marcelo Pereira, vecinos y la empresa CGE. Instancia donde no se llegó a una solución y se dejó continuar con el método de que un particular redistribuya energía a casi mil personas. La razón está en que es una zona donde CGE no tiene competencia. Es un camino privado, y para generar un lugar de postación la empresa habría incurrido en una falta.
Esta gente vive el día día las desigualdades del sector rural en la comuna de Coquimbo. Postergados siempre con los servicios básicos, el problema pareciera haber explotado durante las últimas horas. La señora apuntada por estos vecinos se encontraría inubicable.
Al no ser un terreno de bien nacional de uso público, CGE no pueden entrar a operar una red eléctrica. Aquello llegó a oídos del alcalde Manouchehri que llegó con megáfono en mano: «Estamos pasando una crisis importante. Hoy no vengo acá para después irme y olvidarme de ustedes. Hay que trabajar todos juntos y salir con una solución», les dijo.
