Katherine Bravo Castillo, funcionaria del departamento de Recaudaciones del Hospital de La Serena, fue condenada por el Tribunal Oral, a la pena de 61 días de suspensión del empleo en su grado mínimo y al pago de una multa del 5 por ciento de la cantidad distraída, tras ser declarada culpable tras el juicio, del ilícito de malversación de caudales públicos ocurrido el 4 de mayo y el 29 de junio del año 2009.
Los medios de prueba de la fiscalía, que formó convicción más allá de toda duda razonable a los jueces respecto a la culpabilidad de la imputada, indican que el 4 de mayo del 2009, cuando la mujer ejercía como jefa subrogante del departamento de recaudaciones del hospital serenense, mientras tenía a su cargo la recaudación de los fondos del servicio de pensionado, sustrajo y aplicó para su uso personal, un monto de 1 millón 435 mil pesos.
Seguidamente cambió ese dinero por un cheque de la cuenta de su marido para cuadrar la caja y no llamar la atención.
Luego el 5 de agosto, la imputada, por medio de terceras personas, retiró el cheque ante singularizado del poder del departamento de recaudaciones del Hospital de La Serena, reemplazando dicho cheque por el dinero en efectivo que fue reintegrado a los fondos del mencionado hospital.
El otro hecho acusado ocurrió el 29 de junio de 2009, cuando realizó la misma operación por un monto de 110 mil 780 pesos, con la misma forma de reintegración.
La cuenta corriente estaba cerrada y la acusada usó dos testaferros los conocidos «palos blancos» para retirar los cheques y cambiarlos por el dinero en efectivo.
La Contraloría detectó estas situaciones e instruyó el sumario correspondiente y la Fiscalía interpuso la acusación tras investigar el caso.
Tras el juicio oral, donde se realizó un contundente debate legal sobre el hecho, el fiscal Marcial Pérez quien llevó el caso a estrado, valoró que se sancionara en forma penal. «La función pública como bien jurídico y lo incólume del patrimonio fiscal son satisfechos en la medida que se protegen con sanciones penales y no solamente administrativas»
Pérez explicó el «modus operandi» de Bravo para encubrir sus maniobras, las que fueron descubiertas finalmente por los investigadores, «¿para qué usó los cheques?: para que desde el punto de vista contable cuadrara en términos de balances y libros de contabilidad, no en los hechos. Era solamente un castillo de naipes en términos económicos, lo que fue detectado por la Contraloría y perseguido por nosotros».
