Yokan Garrido, presidente de la provincial Elqui de Gendarmería, desconoce aún si los tribunales de justicia de Copiapó, donde fue detenido hace unas semanas por un presunto secuestro, confirmaron su traslado. Sujeto estuvo detenido en cárcel de La Serena, pero fue indultado por el Presidente Gabriel Boric en 2022.
Fue el 14 de diciembre cuando nuevamente fue detenido Luis Castillo, uno de los trece indultados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022.
Su estadía en prisión fue en Huachalalume, y aunque cayó en el marco del estallido social, en su historial también tiene detenciones por robos con violencia e intimidación, en grado de tentativo, en julio de 2007, y una pena de 61 días de prisión por un robo con sorpresa en grado de frustrado, en octubre de 2017.
Si bien hoy se encuentra en prisión preventiva, luego de ser formalizado por los delitos de secuestro extorsivo y robo con intimidación en la ciudad de Copiapó, nuevamente su nombre está relacionado con La Serena, después que gendarmería de Atacama pidiera su traslado precisamente a Huachalalume, por ser ésta una cárcel de alta seguridad.
Incluso el mismo subsecretario de justicia, Jaime Gajardo, comentó en entrevista con Chilevisión el oficio emitido por Gendarmería de Chile, donde solicita el traslado de Castillo a un recinto penal de mayor seguridad, por considerarlo «un reo peligroso capaz de vulnerar la seguridad, de alto compromiso delictual».
Dos serían los argumentos por los cuales es necesario trasladar a Castillo a la cárcel de Huachalalume.
«Primero, porque en Copiapó hay una gran cantidad de población penal y, en segundo lugar, porque las características de Luis Castillo podrían eventualmente poner en riesgo la seguridad, y por lo mismo, es mejor tener los módulos segregados de alta seguridad», indicó el subsecretario.
Medidas de
seguridad
Según propias palabras de Castillo, mantendría «nexos políticos», además de autosindicarse «como un insurrecto».
En la cárcel ya lo esperan. Yokan Garrido, presidente de la provincial Elqui y dirigente nacional de la de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), señaló que actualmente la unidad penal «cuenta con todas las medidas de seguridad, considerando que tenemos internos de alto compromiso delictual, y para nosotros Castillo sería uno más, toda vez que las medidas de seguridad de esta unida dan para albergar a este tipo de interno».
Sí aclaró que «en este momento no sabemos si los tribunales de Copiapó, donde fue detenido, autorizaron su traslado. Sí sabemos que gendarmería lo solicitó, pero desconozco si los tribunales de justicia lo han confirmado».
Respecto a su alta peligrosidad, señaló que el tiempo que pasó en prisión, «lo hizo como un interno más, aunque igual tuvo faltas de respeto al personal y tenencia de celular, por ejemplo, pero faltas graves no, y me refiero a un intento de motín, de fuga, o agresión a funcionarios».
Sí en 2006, en un oficio entregado por gendarmería, Castillo intentó fugarse del Centro Penitenciario de Copiapó, lo que hace más urgente su traslado.
En esa línea, reconoce Garrido que dentro de la zona norte, Huachalalume es una de las cárceles de mayor seguridad, considerando que tiene un número alto de internos PPR, que es la Población Penal de Riesgo.
«Ellos son tipificados por los delitos, por sus condenas, y a nivel nacional, tenemos 155 internos, incluso más que en la región Metropolitana. Ante alguna salida, sea a hospital o tribunales, hay que tener más precaución, puesto que deben ser trasladados con los grupos especiales, principalmente por sus condenas y delitos de alta connotación pública».
Muy pocos
La semana pasada se incorporaron a las filas un nuevo contingente de funcionarios uniformados que cumplirá labores en los establecimientos penitenciarios de la región.
Para Garrido será una «gran ayuda», aunque sostuvo que «igual es muy poco en comparación a la necesidad que tiene esta unidad. Llegaron 15 funcionarios, entre hombres y mujeres, cuando el actual director nacional fijó varias medidas disciplinarias a funcionarios, aplicando el retiro temporal no voluntario, y por eso estamos en conversaciones con las autoridades de servicio, debido a que no se está respetando el proceso de los funcionarios, puesto que los están dando de baja antes que termine el sumario administrativo».
