Autoridades regionales, policías y gremios de la pesca artesanal, profundizan coordinaciones para fiscalizar y prevenir los robos de machas en áreas de manejo.
En la Región de Coquimbo existen 81 áreas de manejo de recursos bentónicos y de ellas, siete tienen como recurso principal a la macha, las que han debido enfrentar el sostenido aumento en la extracción ilegal y el robo del recurso, que afecta la actividad productiva de los pescadores y sus fuentes de ingreso.
Por esta razón, el Estado, la Armada, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los municipios, en conjunto con los gremios, han fortalecido su coordinación y reforzado las acciones de vigilancia, control y fiscalización de la extracción ilegal del recurso en el borde costero, en el contexto de la Mesa de Seguridad de la Macha, que ha sesionado el 28 de septiembre y el 1 de diciembre y que ya comienza a mostrar resultados.
Todas estas acciones son el reflejo de la dedicación de las autoridades regionales para crear conciencia en la comunidad sobre la denuncia anónima del robo en áreas de manejo, así como del llamado a la ciudadanía a no extraer recursos marinos sin autorización.
Lorenzo Panes, capitán de Puerto de Coquimbo, destaca que «gracias al trabajo intersectorial, desde el 28 de septiembre hemos efectuado seis procedimientos de incautación de macha, en los que hemos decomisado alrededor de 600 kilos del recurso, los que han sido entregados a los sindicatos o asociaciones gremiales, o devueltos al mar, por instrucciones del Fiscal de turno. Tenemos una estrecha colaboración con las Asociaciones Gremiales que tienen Áreas de Manejo y durante las 24 horas del día acudimos a los llamados y mantenemos patrullajes preventivos».
En tanto, María Fernanda Glaser, seremi de la Mujer y Equidad de Género y seremi (s) de Economía, Fomento y Turismo, plantea que «el robo en áreas de manejo afecta directamente a la fuente de ingresos de las familias de pescadores artesanales que trabajan de manera lícita y autorizada en nuestras caletas. Hacemos un llamado a la denuncia oportuna en caso de detectar robos en estas zonas, para que no se vea afectada la sustentabilidad de los recursos marinos ni la actividad productiva de cientos de pescadores y pescadoras de nuestra región».