La abogada Cecilia Álvarez, que representa a la parte querellante, recordó que son nueve los imputados, algunos como autores directos y otros como encubridores en la muerte de Alejandro Ponce, ocurrida a fines de 2022.
Rodrigo Solís A.
Un hecho que consternó a la comuna de Paihuano es el que ocurrió el 28 de noviembre de 2022, cuando desapareció Alejandro Ponce, joven que fue secuestrado y a quien dieron muerte posteriormente. De acuerdo a los datos de la investigación desarrollada, fue interceptado y detenido por un grupo de sujetos, los que finalmente le quitaron la vida.
Recordemos que hubo varios detenidos por esta causa, la que prontamente tendrá su audiencia de preparación del juicio oral, específicamente el 26 de enero. Por ende, las partes intervinientes se están preparando para esclarecer lo que realmente sucedió y las responsabilidades en torno al asesinato de Alejandro Ponce, cuyo cuerpo fue encontrado a mediados de diciembre de 2022 en la Ruta Antakari, a 12 kilómetros de Paihuano.
Desde la parte querellante se están alistando para esta instancia. Al respecto, Cecilia Álvarez, abogada jefe del equipo jurídico de Defensores Norte, señaló a Diario La Región que «representamos a la familia de la víctima y nos encontramos en una etapa intermedia del proceso. Ya llevamos poco más de un año entre la etapa investigativa y la preparación del juicio oral propiamente tal. Evidentemente se trata de una causa de alta complejidad, por hechos que fueron lamentables ante uno de los delitos más graves que contempla nuestro ordenamiento jurídico, que es el secuestro con homicidio», aseguró.
La jurista acotó que «en nuestra calidad de querellantes acusamos a todos los involucrados en esta causa, ya que en total son nueve los imputados, algunos como autores directos y otros como encubridores. Los delitos que se están persiguiendo, tanto de nuestra parte como del Ministerio Público, es el delito de secuestro con homicidio y en otros casos el de inhumación ilegal».
SANCIONES
La abogada puntualizó que «como parte querellante estamos solicitando las penas más altas que se contemplan, y en este caso se considera el presidio perpetuo calificado. Esa es la pena que se debiese aplicar dada la gravedad de los hechos. Respecto a los encubridores, estamos solicitando penas altas, de 10 años y un día, considerando algunas agravantes que como acusadores particulares hemos invocado», sostuvo la jurisconsulta.
Cabe destacar que todos los imputados por este caso se encuentran en prisión preventiva y así se han mantenido desde la formalización de esta causa. «Si bien las defensas han solicitado en reiteradas oportunidades el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, esto ha sido negado por el Juzgado de Garantía de Vicuña y también confirmado por la Corte de Apelaciones de La Serena. Como parte querellante, junto con el Ministerio Público, hemos sido insistentes de que estas personas son un peligro para la seguridad, no solamente los autores sino también los partícipes como encubridores en este caso, y entendemos que los antecedentes que se reunieron durante la investigación son suficientes para acreditar tanto el delito de secuestro con homicidio, el de inhumación ilegal y la participación de todos los acusados en estos hechos», finalizó.
