En la región, la agrupación lleva años pidiendo una investigación respecto a la desaparición de sus hijos y hermanos desde los hospitales regionales, en hechos ocurridos entre 1973 y 1990.
Año 2024 y para la ONG «Madre e hijos se buscan» el Estado de Chile aún está muy lejos de cumplir con su deber de esclarecer y facilitar el reencuentro de las víctimas de adopciones irregulares que ocurrieron en Chile entre los años 1973 y 1990.
En la región hay familias que continúan en la incertidumbre y el sufrimiento, sin reconocimiento ni justicia, como reconocen Alicia Acuña, presidenta de la agrupación, y Patricia Alfaro, adoptada de manera irregular, «pues nací supuestamente en el Hospital de Coquimbo…», dice.
Acuña es presidenta de la agrupación, que nace en 2018 justamente porque comienzan a coincidir respecto de las pérdidas de guaguas durante la dictadura militar, posteriormente adoptados irregularmente.
«Sabemos que hay casos en Ovalle, Monte Patria y Vicuña, además de La Serena y Coquimbo, pero no todos fueron formalizados porque no reunían antecedentes suficientes. Pero sí hubo madres que fueron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y luego a tribunales a presentar denuncias, las cuales siguen siendo investigadas», relata.
¿Inhumación?
En 2019, además el INDH presenta querellas «contra quienes resulten responsables de la sustracción ilegal de menores en los hospitales de la región», pero desde entonces poco se ha avanzado. Claro, entremedio vino el estallido social y la pandemia, por lo que se congeló todo.
«El año pasado nos llamaron -junto con mi madre- para decirnos que en el caso de mi hermano periciaron unos documentos (el apgar) que decían que los índices de su respiración habían sido bajitos y que tenía pocas probabilidades de vivir. Pero el papel aguanta mucho y viendo la dinámica que había en ese tiempo, todo un sistema que se concertaba para el tráfico de niños y que no solo pasó acá, sino que en varias partes del país. Y donde además estuvieron involucrados enfermeros, auxiliares, médicos y asistentes sociales, y no es algo que esté suponiendo, pues es una verdad comprobada judicialmente en algunas causas que están en Santiago».
La agrupación cuenta con más de 15 madres que desesperadamente han buscado por años a sus hijos, arrebatados al momento de nacer. La madre de Alicia busca al suyo, desaparecido en 1977 desde el Hospital de La Serena.
«Pudo haber muerto al nacer, pero para mí padre fue un tremendo impacto saber que no estaba enterrado en el cementerio. Entonces qué te dice eso: ¿inhumación ilegal? que por lo demás también es un delito, o bien que lo entregaron en adopción», se lamenta.
El ministro Vicente Hormazábal ha sido el encargado de reconstruir los hechos y contrastar los testimonios desde que la Corte Suprema lo designara ministro en visita para causas extraordinarias de derechos humanos.
«Sé que es difícil y entendemos que el ministro está sobrecargado, está investigando, pero el hecho de que en la región no contemos con una brigada de Derechos Humanos también ha sido complicado. Es más. Uno de los motivos de que poco se avance es porque la gente interrogada por el magistrado no ha querido hablar».
El temor es que pasa el tiempo «y hubo familias destruidas, con sus historias rotas. Como ONG nos ha costado rearmarnos, pero se supone que esto fue hecho por el Estado, en los hospitales, y ellos deben velar por el bien de los ciudadanos».
