Una querella criminal por fraude al fisco, ocultamiento de documentos públicos y una posible asociación ilícita, son los hechos que se le imputan al ex alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, y a otros tres ex funcionarios que trabajaron bajo su administración, sumado a otra funcionaria que en su calidad de planta continúa ejerciendo labores en la municipalidad. La acción fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de la capital limarina por el abogado Carlos Tello Luza, en representación de la Municipalidad de Ovalle.
La acción judicial fue interpuesta el pasado jueves 4 de julio, y busca que se esclarezca las responsabilidades del déficit cercano a los 300 millones de pesos del Departamento de Educación municipal de Ovalle.
La querella fue individualizada contra el ex jefe comunal, Claudio Rentería, Juana Vega (ex jefa de finanzas D.E.M), Héctor Vega (ex SECPLAN) y Leticia Cortés, actual directora de la Unidad de Control del municipio.
CONTRATACIÓN
El 10 de febrero del año 2016, mediante decreto exento, la municipalidad de Ovalle firmó contratación de trato directo con la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión Advisers Limitada, representada en ese momento por Patricio Navarro Molina. Según consta en Memorándum Interno N° 037/2016, de fecha 29 de enero de 2016, esta contratación se hizo a proposición de la funcionaria Juana Vega Elgueta, quien en dicha época cumplía la función de jefa de Administración y Finanzas (s) del Departamento de Educación.
Dentro de las prestaciones que debía generar esta empresa, estaba poner al servicio de la municipalidad toda su experiencia y conocimiento para cumplir a cabalidad con el servicio objeto de este contrato, remitir a la municipalidad, inmediatamente de recibido, cualquier documento o valor que represente recuperación pecuniaria de subsidios por incapacidad laboral u otra recuperación derivada de estos, entre otros.
Según el contrato, quien debía fiscalizar el cumplimiento de dichas prestaciones por parte de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, era el funcionario municipal Nelson Olivares Mánquez, quien en esa época era el jefe de Departamento de Educación de Ovalle, sin embargo nunca recepcionó conforme prestación alguna por parte de la empresa.
Conforme transcurrió el tiempo, y a pesar de no haber cumplido con las prestaciones a las que estaba obligada, la referida empresa cobró los servicios «prestados» y emitió cuatro facturas por un monto que bordea los 36 millones de pesos. En tanto, la administración municipal de la época jamás hizo efectivo los pagos de esos cheques y la empresa emitió seis facturas más. Al no hacer efectivo el pago, Advisers Limitada ingresó una demanda al Tercer Juzgado de Letras de Ovalle por la no cancelación de las facturas.
