El movimiento Elqui Sin Mineras ha lidera-do la defensa del medio ambiente frente a la amenaza de la exploración minera en el Valle del Elqui, y para este jueves anunciaron una marcha.
Las comunidades del Elqui han denunciado la falta de legitimidad en la evaluación ambiental de Barrick Gold, proyecto minero que espera emplazarse «en el corazón del valle», y por eso ayer varias organizaciones llegaron hasta el edificio de la Delegación Presidencial para «visibilizar la problemática que tenemos, que es la aprobación e instalación de este proyecto».
El proyecto minero Campanario pretende habilitar 116 plataformas de perforación en un área crucial del valle, «zona de alta biodiversidad y significancia arqueológica», acusa Marisol Rodríguez, profesora y miembro de la ONG Elqui Valle Sagrado, que se desprende justamente de Elqui Sin Mineras.
Por eso denuncian una evaluación insuficiente en el proceso de participación ciudadana y exigen la revisión del proyecto bajo la categoría de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en lugar de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El proyecto recibió su permiso ambiental y los servicios afirman que las acciones de la empresa permiten mitigar los impactos ambientales que tendrá la exploración en el ecosistema.
«Se han recibido más de 600 observaciones -de las que solamente 87 fueron acogidas- por parte de vecinos y vecinas del valle, amén de organizaciones científicas conocedoras del tema, ya que, en una primera fase, el proyecto minero intentará habilitar 116 plataformas de perforación para ver el potencial de mineralización del área, utilizando 2,22 litros de agua por segundo. De perogrullo está preguntarse de dónde se extraerá el agua, en una zona con mega sequía por más de 20 años», agrega.
Avisan que el lugar es de alta importancia ecológica y patrimonial, situado en las nacientes del Río Elqui, sobre los humedales alto andinos, cercanos a glaciares y en medio de mucho patrimonio cultural.
«Por eso que más de 40 organizaciones nos alzamos y solicitamos la apertura del proceso de participación ciudadana. Exigimos que sea desestimado este proyecto en el sistema de evaluación con una simple declaración de impacto ambiental», dijo.
44 organizaciones
Esta preocupación aumenta por la cercanía del proyecto a los relaves mineros de mina El Indio, cerrada en 2002.
«Este trabajo debería estar haciéndolo el Presidente o la institucionalidad ambiental, aunque es importante considerar que la institucionalidad ambiental, en general, dice siempre que sí a estos mega emprendimientos», sostuvo Boris Muñoz, abogado de Elqui Sin Mineras.
Reitera que «efectivamente la institucionalidad ambiental no da el ancho para parar por sí sola una inversión que perjudicaría los actuales sistemas de vida que tienen nuestras comunidades, nuestros pueblos y ciudades. Entonces nos obliga a nosotros, los vecinos, a salir al paso y proteger el patrimonio ambiental, que es de todos. Es un problema, pero, sin embargo, hay quienes estamos dispuestos a venir a solucionarlo y por eso pedimos apoyo, ya que estamos dispuestos a dar la discusión a nivel ciudadano y judicial, porque es un proyecto que no solo es una atrocidad ambiental, sino también jurídica».
Son cerca de 44 organizaciones las que se han manifestado contra la iniciativa y para este jueves llamaron a una marcha, por cuanto «hemos seguido todos los procesos que corresponde, con observaciones en varios ámbitos ante el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), las cuales tuvieron respuestas insuficientes y no bien evaluadas», dijo Bibiana Muñoz, de Elqui sin Fronteras.
Con permiso ambiental otorgado, ayer salió en el Diario Oficial la resolución de la calificación ambiental, «y desde ahora tenemos 30 días para la impugnación y presentar recursos de reclamación, por eso ayer entregamos una carta, porque también existe una omisión en el proceso con el Gobierno Regional de parte del SEA y la minera», precisó.
