Luego que se revocara la determinación del juez de garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño, que posibilitó la liberación de los 23 detenidos por tráfico, lavado de activos y asociación ilícita, determinando el Tribunal de Alzada de La Serena la cautelar de prisión preventiva, los abogados representantes de los implicados aducen que los magistrados no quisieron tomar una decisión impopular para no verse enfrentados a lo mismo que el juez de Limarí, que ha sido condenado y ridiculizado por la opinión pública.
Mientras que en el Ministerio Público la jornada del sábado estuvo marcada por «el triunfo» del día anterior en la Corte de Apelaciones, logrando que se revocara la decisión del Juez de Garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño, quien posibilitó que la banda de 23 narcos, que investigaban desde el 2019, quedara en libertad, por lo que ahora se ordenó la prisión preventiva de todos.
Entre los familiares de quienes hoy se encuentran en calidad de prófugos y sus defensores, reinaba una sensación de injusticia por lo ocurrido en el Tribunal de Alzada, ya que consideraban que la determinación del magistrado de Limarí había sido ajustada a derecho. No encontraron explicación para la resolución de la Corte, por lo que manifiestan que, sin duda, la presión mediática en torno al caso, que ha tenido un alcance nacional, cuestionando a Muñoz Caamaño, pesó sobre los jueces, quienes no habrían querido verse expuestos a la misma situación que hoy enfrenta el juez de Garantía.
Primó la
opinión pública
El abogado defensor de un grupo de los 23 detenidos, Alex Ruz, conversó con sus representados tras la determinación para informales de la nueva medida cautelar privativa de libertad, y señaló que, evidentemente, les parecía injusto, ya que ninguno acepta los cargos que se les están imputando, o al menos la totalidad de ellos.
«No hay conformidad entre ellos, por supuesto, pero sobre todo consideran que se ha cedido ante la opinión popular, que ya pareciera que los pusieron frente a un pelotón y están fusilados, y eso a nosotros también nos parece que afecta el debido proceso», expresa el defensor.
Claro, existe un hecho evidente respecto a que a nadie le gustaría estar en los zapatos del juez Muñoz Caamaño, quien, tras decretar la prisión preventiva por peligro de fuga, que permitió que pagando una caución de dos millones de pesos cada uno, los imputados pudiesen esperar el desarrollo de la investigación en libertad, fue condenado públicamente incluso por otro poder del Estado, como lo es el Ejecutivo, desde donde, incluso, han expresado la intención de inhabilitarlo. ¿Habrán tenido eso en la mente los jueces al momento de revocar la decisión del magistrado? ¿Pasó por sus cabezas que, de ratificar la primera determinación, les podía ocurrir lo mismo que al juez que la dictaminó? Aquello no se puede conocer, pero el abogado tiene su impresión. «No puedo determinar lo que está en el corazón de los jueces, pero ellos deben pensar que una decisión de dejar libres a estas personas es sumamente impopular, y el ejemplo es lo que ocurrió con el juez de Ovalle, que se transformó en una víctima de esta situación, producto de que la propia Fiscalía lo ha ridiculizado, le han cortado su resolución, sacando extractos del audio y exponiéndolo malamente ante la opinión pública», aseveró Alex Ruz.
Evaluando opciones
Carlo Silva, abogado representante de otros imputados, también está convencido de que la presión social jugó un rol fundamental en la determinación, pero asume que era algo que podía suceder. También se reunió telemáticamente con sus clientes y les manifestó que la mejor opción era que se entregaran, ya que Silva está convencido que durante el proceso esta acción les será beneficiosa. «Lo que queda es esperar qué decisión toman ellos.
Yo les di las directrices y creo que se van a tomar este fin de semana para pensar, por lo que el lunes tendremos más claridad respecto a lo que ocurrirá», sostuvo Silva.
El otro «Talento»
Quien también tuvo palabras para la decisión, fue Guillermo Pérez, hermano de quien es sindicado como el líder de la organización, Johan Pérez, alias «el Talento».
Señaló que el imputado es inocente y que lo estaría pasando muy mal por esta situación, ya que «lo vinculan a gente que él ni siquiera conocía, y además dicen que él era el que manejaba esta red, cuando lo único que hacía era comprar las semillas y venderlas, algo que es totalmente legal y que hacía porque tenía un negocio dedicado a eso», remarca Pérez.
Dice haber conversado hace algunos días con su hermano y que lo vio tan afligido que decidió no tocarle más el tema. «Es raro verlo a él así, porque siempre ha sido una persona alegre, que anda tirando chistes todo el día. Bueno, así somos en la familia, pero él en particular. Por eso se volvió humorista y tuvo éxito. Es una artista, un trabajador, no un delincuente, y menos como lo han querido tildar, como líder de una banda de traficantes gigantesca», refirió el familiar del acusado.
Éxito en la comedia
Tal como han consignado medios de todo el país, Johan Pérez no era un desconocido. El hombre, hoy imputado por tráfico de drogas y otros delitos asociados, tuvo un paso por la televisión, participando en diferentes programas de talentos, y de ahí su apodo. Además estuvo como invitado en distintos estelares luego de darse a conocer en estas competiciones. Aquello le valió vivir de eso durante al menos dos años, donde hizo giras y habría estado a punto de ir al Festival de Viña del Mar, lo que no pudo realizar porque ya en ese tiempo estaba trabajando en el norte del país, en la minería. Dejó la comedia y comenzó sus emprendimientos particulares. Según le dijo a sus cercanos, no pretendía volver a los escenarios, ya que le bastaba haber tenido esa experiencia para contársela a sus nietos, de tenerlos algún día.
