Desde que la Corte de Apelaciones de La Serena ordenara la prisión preventiva para el grupo acusado de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, buena parte de ellos ha querido colaborar con la justicia, aludiendo inocencia. Todavía falta el supuesto cabecilla de la banda, el comediante apodado «el Talento».
De los 23 individuos que estaban prófugos de la justicia por el delito de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, todos integrantes de un supuesto clan familiar que operaba en la Provincia de Limarí, particularmente en Ovalle, ya solo quedan ocho en libertad.
Claro, durante todo este tiempo, cuando la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó la prisión preventiva, revocando la determinación de primera instancia del juzgado de Garantía de Ovalle, cuyo juez, Luis Muñoz Caamaño, decretó la medida cautelar de prisión preventiva, pero por peligro de fuga, por lo que los imputados fueron liberados tras pagar una caución de dos millones de pesos cada uno. Aquello generó indignación a nivel nacional y fuertes críticas al magistrado Muñoz Caamaño por su determinación.
En el intertanto, y en medio del juicio mediático al poder judicial, el Ministerio Público presentó la apelación, la que fue acogida por el Tribunal de Alzada, que ordenó la prisión preventiva por constituir los integrantes del clan un peligro para la sociedad, emitiendo una orden de detención en su contra.
Entregas
voluntarias
La determinación de la Corte de Apelaciones fue dictada el seis de septiembre, y desde ese momento, de todos los acusados ya hay 14 que se encuentran tras las rejas a la espera de que «esto se aclare», ya que la mayoría alude inocencia. Si bien han existido detenciones, la mayoría de los prófugos se han entregado de manera voluntaria, y este lunes fue el turno de cuatro más. Se trata de Álvaro Ignacio Zepeda Gómez, Sandra Carolina Gómez Alfaro, Freddy Antonio Zepeda Gómez, Crist Cristopher Balcázar Jofré, todos miembros de uno de los supuestos brazos operativos del clan.
Factor Silva
De quienes se han entregado hasta ahora, la mayoría son representados por el abogado Carlo Silva, que ha logrado convencer a sus clientes que es la mejor estrategia. Así lo consignó el profesional en conversación con Diario La Región. «La presentación de mis defendidos al tribunal no es más que hacer eco del llamado que hemos hecho a todos nuestros representados, con la finalidad de poder acelerar el proceso y el éxito de la estrategia de defensa que incluye solicitudes que van a requerir que ellos estén ahí, porque necesitamos que declaren, necesitamos practicarles algunos peritajes y necesitamos prontamente pedir el alzamiento o el reemplazo de la medida cautelar de prisión preventiva que ha sido impuesta hasta ahora, pero para eso debemos emitir una señal ante el tribunal de que no estamos en situación de fuga y que tenemos interés de estar cerca del proceso y presentarnos», sostuvo Silva.
Cuestiones
de fondo
Pero el abogado expresó que lo que están haciendo sus representados, en términos de colaborar con la investigación, también permitirá discutir los hechos más de fondo, es decir, si efectivamente cometieron algunos de los delitos por los cuales están siendo imputados.
«Recordemos que aquí el fiscal imputó a todos por todo, pero hay que hacer un trabajo de descarte, delito por delito, y para eso siempre es mejor que nuestros representados estén aquí cumpliendo la medida cautelar para poder modificarla en unos 30 o 40 días», precisó Carlo Silva.
El traslado
Otro de los puntos que preocupa al abogado, es que Gendarmería haya tomado la determinación de llevar a los detenidos por este caso al penal de Huachalalume, en La Serena, cuando tanto la Corte de Apelaciones como el tribunal de Garantía ordenaron que fueran llevados al centro penitenciario de Ovalle. Aquí entran los cuestionamientos, ya que se dijo que la cárcel de Limarí estaba hacinada, pero el mismo día en que los supuestos integrantes del clan fueron trasladados, a otros imputados se les dejó en su ciudad, Ovalle, por lo que Silva no cree en lo planteado por Gendarmería.
«No estamos de acuerdo con que cumplan la prisión preventiva en La Serena, hay tratados internacionales y nacionales que establecen el derecho de todo interno de permanecer cerca de su domicilio, y si esta determinación se toma sólo por la publicidad del caso, me parece grave», finalizó el abogado defensor.