El INDH, tras su visita a la región, redactará un informe para identificar cuáles derechos humanos están viéndose afectados a raíz de la extensa emergencia hídrica y sus efectos en la población regional.
La Región de Coquimbo atraviesa una grave situación de escasez hídrica, producto de una prolongada sequía que se extiende por las tres provincias, situación que por más de 14 años ha sido catalogada como una catástrofe, impactando a las comunidades y a sectores claves del desarrollo productivo.
Ese escenario fue el que el delegado presidencial regional, Galo Luna, presentó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un detallado informe sobre las medidas adoptadas para combatir la crisis hídrica, principalmente las centradas en garantizar el acceso al agua y el consumo humano.
«Pudimos intercambiar información sobre la gestión hídrica con una perspectiva enfocada en los derechos humanos y, sobre todo, en la obligación que tenemos nosotros, que es dar acceso al agua potable a todas las personas que lo requieran. Para eso hemos estado trabajando y hemos perfeccionado nuestro sistema, es un desafío grande producto del cambio climático, experimentamos una sequía ya estructural, y eso demanda que el Estado siga haciendo esfuerzos», señaló el delegado.
CONSUMO HUMANO
Entre las acciones expuestas se encuentran la entrega de agua potable por camiones aljibes, el fortalecimiento de pozos profundos y plantas desalinizadoras de emergencia que privilegiarán el consumo humano, los acuerdos de redistribución con Juntas de Vigilancia y el apoyo al mundo agrícola.
«Es una situación bastante grave a la que hay que ir poniendo atajos, ya que tiene que ver con el cambio climático una parte, pero hay otra parte que tiene que ver con el manejo del recurso natural. Sin lugar a dudas, lo más importante es favorecer el consumo humano, y me pareció muy bien la estrategia que nos presentaron, porque tienen enfoque de derechos humanos, se basa en distintos tratados que son obligatorios de cumplir por parte del Estado», comentó la directora del Instituto Nacional del Derechos Humanos, Consuelo Contreras.
Una reunión que forma parte de un trabajo mancomunado entre el Gobierno y el INDH, que busca garantizar el derecho al acceso al agua en las comunidades. Al respecto, el delegado Luna dijo que «estamos trabajando, por ejemplo, con la comunidad de Alfalfares, en colaboración con el Instituto, para poder llevar una solución más permanente a las personas que lo requieren, y esperamos ir replicando este tipo de iniciativas en distintos lugares de la región, sobre todo en los sectores rurales donde más escasea el agua».
