Ricardo Sacaan, representante de los cuatro concejales que solicitaron la destitución del alcalde de La Serena ante el TER, que finalmente dictaminó la destitución del edil, señala que el jefe comunal contrataba año a año más trabajadores que no se necesitaban, según consigna la sentencia. Llegado un momento, no pudo responder con las cotizaciones, pasando el déficit de unos mil millones de pesos en 2016 a 31 mil millones a la fecha. Por otra parte, aclara que Roberto Jacob se encuentra en calidad de «suspendido» y sólo se aplicará la destitución una vez que el TRICEL resuelva su apelación.
Lo que en un principio era una caldera, hoy se cocina a fuego lento. Luego que el lunes se conociera la sentencia del TER (Tribunal Electoral Regional) que dictaminó la destitución del alcalde Roberto Jacob por notable abandono de deberes, el proceso ha ido avanzando y sigue su curso natural.
Pese a que el edil todavía no presenta la apelación ante el TRICEL, todavía tiene plazo y ya anunció que se encuentra preparando la acción legal asesorado por su abogado particular Isidro Solís -el mismo que representó a la ex Gobernadora Regional Krist Naranjo, también destituida de su cargo-, con el que pretende revertir la determinación de primera instancia.
Pese a que la sentencia tiene fecha del lunes 14 de octubre, el edil se presentó a trabajar de manera normal tanto el martes como el miércoles, misma jornada en la que fue notificado formalmente del fallo.
Fue a las 11:16 horas del 16 del presente mes, cuando el receptor judicial le hizo llegar el documento y, con ello, según explica el abogado requirente Ricardo Sacaan, quien representa a los cuatro concejales denunciantes (Camilo Araya, Rayen Pojomovsky, Daniel Palominos y Daniela Molina), el edil pasa a calidad de «suspendido», hasta que se cumpla el plazo para apelar, «de no recurrir en el plazo establecido, ya queda destituido, tal como dicta la sentencia, mientras que si presenta el recurso, tal como él lo ha señalado, continuará con la suspensión hasta que el TRICEL resuelva respecto de su reclamación, cuando así ocurra, si se ratifica la sentencia, en ese momento estará destituido sin marcha atrás», explicó Sacaan.
Por lo pronto, indica el abogado, Roberto Jacob debe dejar cualquier tipo de función que lo vincule al municipio y también abandonar las dependencias, lo que no implica que, como cualquier ciudadano, pueda ingresar, visitar a alguien o realizar un trámite. «Lo que no puede hacer es ejercer como alcalde».
TERMINAR SU PERIODO
Respecto a las pretensiones del edil de poder terminar su tercer periodo, luego de 12 años como máxima autoridad comunal, las posibilidades son pocas, pero todo dependerá del trabajo que tenga pendiente el TRICEL y en qué lugar en relación a sus prioridades ponga el caso Jacob, quien debía dejar el sillón edilicio el seis de diciembre, cuando asumiera la nueva autoridad electa en los comicios del 26 y 27 de este mes.
Hasta ayer el administrador municipal, Luis Henríquez, quien por normativa debe asumir en un primer momento la función de alcalde, todavía no tomaba posesión de su nuevo y momentáneo cargo, sin embargo, se espera que lo realice durante esta jornada, ya que, pese a que no habrá concejo municipal hasta después de las elecciones, Henríquez debe presidir la sesión extraordinaria que debe realizarse antes de que se cumplan diez días hábiles luego de la sentencia, donde entre los mismos concejales elegirán a quién será el alcalde suplente.
Aunque se ha instalado el debate respecto a quiénes deberían tomar este rol, señalando que no debiese ser alguien que vaya a competir en las elecciones ni tampoco alguno de los que no firmó el requerimiento para destituir al edil, en lo concreto, todos son elegibles en el marco de una votación entre los 10 colegiados, donde ganará quien obtenga mayoría absoluta. De existir un empate, será quien haya obtenido mayor votación en la última elección municipal -de entre los dos empatados- quien asuma la suplencia.
TRES CARGOS
Respecto al fondo de la sentencia, cabe señalar que fueron tres los cargos que echaron por tierra la administración Jacob. Primero, el no pago de las cotizaciones previsionales, en segundo lugar, la no rendición de cuentas al concejo del estado financiero de la Corporación Municipal, y el último cargo, es que tampoco daba a conocer en sus cuentas públicas el estado de las cotizaciones previsionales de la Corporación, algo que omitía. Cada uno de estos ítems fue acogido por el TER, que tomó la determinación que ya todos conocemos.
De acuerdo al abogado Sacaan, y según dicta la sentencia, el no dar cuenta de lo anterior tendría que ver con que las cosas no estaban en orden y la deuda de la entidad iba aumentado desenfrenadamente.
«Durante el periodo de Jacob el déficit pasó de cerca de mil millones de pesos a los $31 mil millones», esto sólo tomando en cuenta el periodo desde el 2016, por concepto de reajustes, intereses, multas y recargos, porque el nominal son $14 mil millones, pero habría ido aumentando. «Lo que él hizo fue contratar más gente para integrar la Corporación municipal, que era gente que no se necesitaba. Pese a ello, todos los años aumentaba la dotación de funcionarios, lo que aumentaba los costos, sueldos, cotizaciones que finalmente no se pagaban, por eso fue subiendo esta deuda. La cantidad de trabajadores que había el 2015, y la que hay en el 2024, aumentó desproporcionadamente. Sólo para graficar, en la sentencia dice claro que para determinadas labores se requerían 100 funcionarios, y él contrataba 300, evidentemente que no los podía pagar», finalizó.