Dictamen que desentiende a la Contraloría del principio de confianza legítima, genera repercu-siones en la región de Coquimbo.
El primer dictamen de la nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, emitido el pasado miércoles, el cual desliga a la Contraloría del proceso de protección por medio de la confianza legítima a los trabajadores a contrata del sector público, ha generado las primeras repercusiones.
La primera organización en visibilizar su molestia fue la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes emitieron una carta declarándose en estado de alerta frente a la situación que dejaría a los trabajadores desprotegidos frente a despidos injustificados, situación que ha sido replicada por diferentes organizaciones de trabajadores.
La primera reacción de ANEF, además de dejar clara su postura en contra de la decisión, fue llamar a todas las asociaciones afiliadas a manifestarse en el frontis de cada Contraloría General del país.
Coquimbo presente
El mediodía de ayer, dirigentes de diferentes asociaciones de funcionarios y trabajadores públicos, se movilizaron al frontis del ente contralor, en calle Los Carrera de La Serena, con banderas, globos y ruido para mostrar su descontento.
Nayade Aguirre, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE), se hizo presente para comentar que la medida va directamente en contra de la seguridad laboral de los trabajadores.
«Nos deja en una enorme vulnerabilidad e inestabilidad laboral, dado que nosotros tenemos contratos desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Por lo tanto, en cada cambio de administración o de jefatura estamos expuestos a despidos».
A su vez, el presidente regional de ANEF, Patricio López, fue crítico con la contralora, asegurando que ella misma se habría beneficiado de la legítima confianza para conservar su trabajo.
«Cuando la intentaron despedir (a Dorothy Pérez) invocó la legítima confianza, pero para el resto de los trabajadores ella estima que no es procedente en esta instancia administrativa. Con esto desconoce un derecho que se ha ganado por parte de los trabajadores públicos».
