Aseguran que desde 2023 ini-ciaron el proceso para certificar; el que especulan podría concretarse en 2025, con un gasto de $400 millones.
Luego de que en abril de este año, la profesora Marcela Cortés (52), del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, de Los Vilos, resultara con un 45% de su cuerpo quemado tras una explosión dentro del establecimiento por una fuga de gas, se han encendido las alarmas a nivel nacional sobre el control y estado de la certificación de instalaciones interiores de gas en los establecimientos educacionales.
En este contexto, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), organismo acreditado para certificar instalaciones interiores de gas y entrega del sello verde que lo evidencia, compartió con Diario La Región los datos más actualizados que maneja, dónde figura que de los 15.962 establecimientos educacionales del país, solo 5.889 cuentan con su sello verde, mientras que el 63%, es decir 10.073, no cuenta con él, situación que no dista mucho de lo que sucede en la región de Coquimbo.
Disparidad en el panorama público
Vale mencionar que la SEC, desde antes del incidente ocurrido en Los Vilos, y luego del mismo, ha realizado constantes llamados a los sostenedores de los establecimientos educacionales del país a preocuparse por mantener las certificaciones y revisiones al día. En este sentido, es que se consultó a los principales sostenedores de los colegios municipales de la conurbación.
Por una parte, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera, que rige en Coquimbo con 47 establecimientos bajo su alero, asegura contar con la totalidad de colegios y liceos con su sello verde.
«Las redes de gas en liceos, escuelas, colegios y jardines infantiles están en permanente monitoreo, contando con las condiciones apropiadas y un plan de mantenimiento a las instalaciones, que incluye un calendario de inspección y obtención de sellos verdes que a la fecha se encuentran certificados por una empresa calificada, además del TC-6, que está con certificación aprobada en la totalidad de los establecimientos educacionales».
Situación que se puede corroborar a través del buscador público de establecimientos de la SEC, donde figuran todos con sello verde, aunque algunos han sobrepasado su fecha de vencimiento, entendiendo que este requiere pasar por inspecciones periódicas cada dos años, y si se renuevan dos veces seguidas, cada 4 años.
Por otro lado, la corporación municipal Gabriel González Videla, de La Serena, presenta una mayor irregularidad, con solo cinco de sus 41 establecimientos educacionales con sello verde, según el buscador SEC.
Frente a esto, la Corporación asegura que desde 2023 ha estado trabajando en esclarecer la situación. En dicho proceso se habría determinado que son necesarios cerca de 400 millones de pesos para que todos los establecimientos cuenten con su sello verde.
Ante la preocupante situación, aseguran que en el mejor de los casos el próximo año se podría comenzar la ejecución del plan regulador. «Estamos ad portas de subir a mercado público el proyecto que permitirá licitar la regularización de las instalaciones de gas. De no haber inconvenientes en la formulación del proyecto, esperamos poder ejecutarlo el primer semestre de 2025».
Panorama regional
Además de esta dualidad en la conurbación, el panorama regional también es negativo. Según cifras que la SEC entregó a Diario La Región, de los 1.046 establecimientos existentes, solo 377 cuentan con su sello verde al día, lo que equivale a que el 64% de colegios y liceos de la región de Coquimbo no tienen certificación, número que es incluso peor a la cuestionable situación nacional.
Entendiendo que este problema es a nivel país, el seremi de Educación de Coquimbo, Nicolás Pérez, asegura que tras el incidente de la profesora Marcela Cortés han trabajado en pos de asegurar los establecimientos, promoviendo a los sostenedores cumplir con la garantía que da el sello verde.
«Junto con la SEC, hemos impulsado capacitaciones específicas para sostenedores sobre la correcta mantención de instalaciones de gas licuado y los pasos necesarios para asegurar la certificación de seguridad, buscando prevenir riesgos y garantizar que nuestras escuelas sean espacios seguros para todas y todos sus integrantes».
¿Qué pasa con la fiscalización?
La situación de peligro para alumnos, profesores, auxiliares y apoderados de los establecimientos, se debe a una falta directa de los empleadores, ya que la SEC solo realiza el trabajo de revisión y certificación, mientras la solicitud debe emanar del colegio.
Por otra parte, según la Superintendencia de Educación, tienen la facultad de fiscalizar, pero no como parte de su rol principal. «Esta revisión se realiza a partir de denuncias y también de programas de fiscalización que consideran materias asociadas a infraestructura y seguridad».
En cuanto a las medidas que se pueden tomar al corroborar el incumplimiento de la norma, se informa que el proceder es «instar al establecimiento a que subsane la falta, dando un plazo para seguimiento. Si la situación no se corrige, se instruye un procedimiento administrativo que puede derivar en sanciones al establecimiento».
Si bien desde la Superintendencia de Educación aseguran que durante 2024 han llevado a cabo dos programas de carácter formativo y acompañamiento para resguardar el funcionamiento de las instalaciones de gas, parece ser que los sostenedores aún no han tomado cartas en el asunto con la rigurosidad que se esperaría, más cuando este mismo año hubo una víctima por este tipo de negligencia.
