El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, que junto a su par Daniella Cicardini son querellantes en el caso audio, descartó que le hayan instruido filtrar información a su abogado, Enrique Aldunate.
Lo anterior, luego que se conociera que el OS9 de Carabineros allanó la oficina y casa del jurista, en el marco las indagatorias por las filtraciones en la causa protagonizada por Luis Hermosilla. Todo fue parte de la primera diligencia intrusiva que se conoce de parte del Ministerio Público, tras la apertura de la investigación por violación de secreto.
Consultado por La Región, el diputado Socialista señaló en la ceremonia de asunción de su hermano en el municipio de Coquimbo, que «nosotros lo hemos dicho bastante claro, no obstante las filtraciones en muchas ocasiones están fuera de la ley, nosotros creemos que justamente estas han permitido que se conozcan hechos que deben ser conocidos por la ciudadanía, vamos a seguir con la misma fuerza combatiendo la corrupción y a los corruptos».
MANDATO REVOCADO
Ante dicho escenario, el parlamentario socialista aseguró que «la denuncia en contra del abogado Aldunate, hecha por una militante del Partido Republicano, se debe investigar. Nosotros no le hemos dado ninguna instrucción de filtrar nada», enfatizó.
De todas formas, «para no darle excusas a la banda de Hermosilla, le hemos revocado el mandato judicial», subrayó.
Con respecto a la polémica con representantes republicanos, a quien culpó de estar detrás de esta «jugada», señaló que «ella era asesora del Partido Republicano, asesora parlamentaria de ellos, trabajó en idea republicana, hay videos en internet, hay informes, hay muchos antecedentes que muestran claramente que es una persona muy cercana al Partido Republicano».
De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, el procedimiento se concretó en el domicilio particular de Aldunate, en Viña del Mar; y en dependencias del Estudio Jurídico Zúñiga-Campos Abogados, en Providencia.
La medida fue gestionada verbalmente por el equipo de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, con la finalidad de incautar los celulares y cualquier otro dispositivo electrónico o de almacenamiento de información en poder del jurista.
En medio de la vorágine, el abogado confirmó -a través de un comunicado- su renuncia como asesor legislativo del Partido Socialista (PS).
Sobre el motivo de su decisión, en tanto, sostuvo que se debe a «la necesidad de realizar mi defensa técnica ante falsas acusaciones de las que he sido objeto, carentes de toda plausibilidad, a fin de demostrar mi total inocencia».
Cabe señalar que el allanamiento se ordenó luego que una funcionaria del Estudio Jurídico Zúñiga Campos denunciara que el abogado habría encargado entregar un pendrive a una periodista con la carpeta investigativa.
