Distintas reacciones surgieron, especialmente de secretarios de Estado, luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogiera la reclamación presentada en contra la resolución del Comité de Ministros…
Una historia que comenzó hace años y que esperan, como señalan las comunidades a favor del proyecto Dominga, que no existan más judicializaciones. Tal como lo anunció ayer Andes Iron, luego que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictaminara que el Comité de Ministros, que rechazó unánimemente el proyecto en enero, actuó de forma “ilegal” al no acatar debidamente una sentencia anterior de 2021, respaldada por la Corte Suprema.
Después de analizar el categórico fallo a su favor, manifestaron su esperanza en que las decisiones de la autoridad y de las organizaciones medioambientales, “respeten la institucionalidad y respondan también a la necesidad de poner fin a un espiral interminable de iteraciones administrativas y judiciales que impiden poner en marcha proyectos”.
Explicaron que el proyecto ha sido validado en todas las instancias técnicas y judiciales a las cuales ha sido sometido.
“En 2017 obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en tres oportunidades diferentes, incluida ésta, el Tribunal Ambiental de Antofagasta -en total nueve jueces diferentes- ha confirmado que Dominga se ajusta plenamente a la institucionalidad ambiental”.
Teniendo en cuenta lo anterior, precisa que “tras casi 12 años de tramitaciones que han demostrado que el proyecto Dominga cumple cabalmente desde un punto de vista técnico, ambiental y jurídico, como inversionistas pedimos certeza para poder materializar el proyecto en el menor plazo posible. Asimismo, reiteramos nuestra disposición al diálogo con las autoridades y la comunidad, en beneficio del desarrollo sostenible de la actividad y de la Región de Coquimbo”.
La Corte Suprema
Fue este lunes cuando, según el fallo de 248 páginas entregado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, se vulneraron principios como la imparcialidad y la confianza legítima al permitir que ministros previamente críticos del proyecto participaran en el proceso.
Entre los factores que llevaron a anular la decisión del Comité de Ministros, estuvo la inhabilidad que debieron ejercer, y no lo hicieron, dos ministras. Ello, incluso, citando en el dictamen un precedente de este mismo gobierno.
Fue justamente el Comité de Ministros, encabezado por Maisa Rojas, titular de Medio Ambiente, que en enero de 2023 expuso que el proyecto quedó con una “evaluación desfavorable”, pues el consejo ministerial decidió acoger las 12 reclamaciones contra la minera, a partir de los informes técnicos existentes y las recomendaciones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
En esa línea, Rojas sostuvo que como Ejecutivo “respetamos las decisiones de otro Poder del Estado, aunque hay que considerar que esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema y que no podemos referirnos al fondo del asunto por ser un proceso pendiente”.
Asimismo, evitó referirse a las críticas que trajo dicho fallo, ya que -a su juicio- aún se debe esperar la resolución del tribunal Supremo, el que ya será definitivo.
Aspectos técnicos
El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió el actuar del Comité de Ministros, en su decisión de rechazar en forma unánime el proyecto minero-portuario en enero de 2023, resolución revocada por “ilegal” este lunes por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, con duras críticas al Comité.
Sostuvo en Radio Infinita que, “a pesar de que somos autoridades políticas, tenemos que tomar nuestra decisión con base en los aspectos técnicos que entregue el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Y eso es lo que siempre hemos hecho”.
En la misma línea, añadió que “siempre, en el 99% de las votaciones que hemos hecho el Comité de Ministros, hemos votado de acuerdo a lo que sugiere el SEA. En este caso también fue así”.
