Bernardo Salinas, jefe de la unidad regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, puntualizó además que se deberían reformar y reevaluar las políticas para abordar la condición de aridez de la región de Coquimbo.
Cada municipio bien sabe qué hace con los dineros que entrega el Royalty minero. En la región, la prioridad ha sido salud y seguridad, también en infraestructura. ¿Y en agua? Es la pregunta que se hacen las APR de las tres provincias y que ayer, en una actividad organizada por Asociación Gremial de Servicios Sanitarios Rurales del Elqui, el Subdere Bernardo Salinas respondió.
Ya en abril traspasaron más de 7 mil millones de pesos a los municipios, en la primera transferencia en el marco de la Ley de Royalty, a través del fondo minero y equidad territorial.
«Planteé dos tesis que son importantes: una es que ya no podemos seguir hablando de recursos de emergencia, pues tenemos una región árida permanente y, por lo tanto, se requiere que reformemos y reevaluemos las políticas que bien implementamos para abordar la condición de aridez de la región de Coquimbo».
Explica que los recursos, esfuerzos, programas y todo lo que se pueda hacer para asegurar un derecho humano básico, como es el agua para la vida humana, «deben tener una intencionalidad, y una de las cosas que podría pasar perfectamente, y no quiero pautear a ningún municipio, pero es claro y contundente el diagnóstico que hace la asociación gremial de APR de la provincia de Elqui, como también el Limarí y Choapa, de que tienen situaciones complejas y que se resuelve con recursos financieros…».
Reconoce que, incluso, algunas APR pagan por sobre los dos millones y medio mensuales de energía, «por lo tanto, ya que llegan recursos frescos de libre disposición a los municipios a través de dos fondos, hay que pensar en un plan de acción inmediata para los APR y de esta manera resolver cosas de carácter urgente».
Sin querer pautear…
La asociación gremial ha desarrollado un trabajo «muy serio y responsable», con un diagnóstico súper acabado de cuáles son sus necesidades y sus puntos críticos, y en el trabajo permanente a través del Ministerio de Obras Pública y de la DOH, «no pueden estar en tercera línea, por cuanto el agua para la vida humana es primera línea. Todo lo que significa tener asegurada el agua para la vida humana con la calidad y la oportunidad, es fundamental».
Para eso advierte que se requieren recursos frescos en diferentes magnitudes, «y acá cada municipio recibe montos distintos a pesar de que el criterio que se ocupó para otorgar los recursos del Royalty no es como se entrega el Fondo Común Municipal, ya que acá se puso un componente muy importante, que es la pobreza multidimensional, y eso cambia la lógica de que se entrega recursos por cantidad de habitantes». Por tanto, existe un componente interesante que se estudió para que hubiera más equidad y justicia territorial a partir del Royalty.
«Tienen los municipios de una otra forma que hacer el análisis crítico respecto a cuánto y en qué magnitud pueden ayudar a estos sistemas, porque efectivamente cuando no ocurre, el municipio debe concurrir con camiones aljibes y dotar de agua con la mitad que exige hoy la Organización Mundial de la Salud, que son 100 litros por persona. Entonces no lleguemos a los extremos de los sistemas si es que hoy no tenemos un plan permanente y sistemático de apoyo de sustentabilidad en sistemas».
