Desactualización del manual de adquisiciones, concentración de funciones y falta de claridad en las gestiones licitatorias, serían algunos puntos a mejorar, según el informe.
Luego de que la delegada presidencial provincial de Limarí, Marily Escobar, recibiera la solicitud de renuncia por parte del gobierno, aparentemente por errores políticos y una mala gestión, se ha filtrado el informe final de una auditoría de carácter interno que confirma la existencia de anomalías mientras estuvo en el cargo.
El análisis emitido el 15 de noviembre de 2024, se centró en la administración de recursos y procesos licitatorios para atender situaciones de emergencia por déficit hídrico en la provincia, lo que evidenciaría 13 situaciones de debilidad, de las cuales nueve se califican de criticidad alta.
Periodo y montos evaluados
La auditoría, que comenzó su ejecución el 15 de abril de 2024, contempló inicialmente la ejecución y administración de fondos recibidos vía transferencia desde la Subsecretaría del Interior, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2024, para luego extender su inicio a mayo de 2022 para aclarar situaciones confusas.
En dicho rango, destaca la licitación publicada en mayo de 2023 y adjudicada por varios proveedores por poco más de 1.400 millones de pesos, equivalente al 80% de los fondos del periodo contemplado en el análisis.
Monto al que se suma una muestra de 13 contrataciones a través de trato directo ejecutadas por la DPP, por un monto total de $335.346.369.
Resultados críticos
La desactualización del manual de adquisiciones es el primer punto mencionado, ya que el lineamiento de procedimientos utilizado actualmente data de 2014, por lo que no cuenta con las modificaciones que ha tenido la ley de compras públicas.
De dicho problema se deriva la concentración de funciones que dilucidó el análisis, específicamente con el proceso de licitación, donde la encargada del Departamento de Administración y Finanzas (DAF), Katherine Ríos, no solo creó las licitaciones y contrataciones mencionadas anteriormente, sino que también ejecutó los envíos, autorizaciones de adjudicación, firmas de imputación e incluso recepción conforme del servicio, lo que se traduce en una falta de control y supervisión de los procesos.
El mismo informe expresa que esa falta de fiscalización y control interno, que se repite en los demás procesos licitatorios, se traduce en una administración inadecuada, y con ello falta de garantías de una adecuada gestión y protección de los recursos, lo que, a su vez, «desemboca en la materialización de errores e irregularidades», según estipula textualmente el documento
Entre los demás puntos críticos a destacar, se identifica una diferencia de saldo contable y administración de fondos de $218.859; del mismo modo, la falta de conciliaciones respecto a las operaciones bancarias y el giro de cheques manuales para pago a proveedores, cuando la normativa establece pago por transferencia electrónica, lo que dificulta mucho la identificación de quién cobró los cheques.
En última instancia, respecto a la licitación de $1.400 millones, se estipula el no cumplimiento de acuerdos con la Contraloría General de La República, deficiencias en el proceso de evaluación de las ofertas de licitación, la realización de órdenes de compra antes de la toma de razón de la misma y la falta de antecedentes obligatorios de los proveedores para el Sistema de Información de Mercado Público.
Medida interna
Sobre esto se refirió el ex delegado provincial de Limarí (hasta 2023) y actualmente delegado presidencial regional, Galo Luna, quien fue enfático en aclarar que el estudio se realizó por determinación propia, precisamente para detectar puntos a mejorar. «Antes de plantear irregularidades, hay que profundizar primero en los alcances y detalles que controla la auditoría y en el proceso en que estamos. Se piden estos controles externos precisamente para ir detectando alertas para mejorarlas, subsanar o bien enmendar los rumbos de los procesos que se requieran. Es una práctica que es muy importante en la mejora continua de la calidad y nosotros siempre la hemos aplicado».
En la misma línea, es que el delegado presidencial hace eco de una de las finalidades del informe, que es obtener respuesta y soluciones, además de complementar la información faltante. «Es un informe preliminar al que tenemos que responder el 31 de este mes, porque hay información que no se tenía cuando se hizo la auditoría y que puede esclarecer las faltas».
A su vez, apunta a que la falta de personal y la urgencia de algunas necesidades en la provincia, como la necesidad de agua potable, han generado estos puntos críticos en los que ya se está trabajando.
«En casos de emergencia, porque no podemos dejar a la gente sin agua, se ha procedido a la contratación a la espera de la toma de razón de contraloría, con base en lo mismo. Ya hemos contactado con contraloría y logramos establecer bases y contratos que ya están fijados, práctica que se está haciendo en otras regiones».
Del mismo modo, Luna asegura que ya se habrían solucionado al menos cuatro de los puntos mencionados en la auditoría y que aún se mantienen en un proceso de análisis junto al nuevo delegado provincial de Limarí, Eduardo Alcayaga, para presentar la respuesta al documento a fin de año. «Hay algunos procedimientos que vamos a tener que rehacer, hay que actualizar otras cosas, que es justamente el fin de autoexaminarnos y apuntar a mejorar ese proceso».
Si bien la autoridad de gobierno no confirmó que los malos resultados del informe hayan influido en la salida de Marily Escobar del cargo de delegada provincial, es difícil
no asociar los problemas que allí se describen con la gestión de la exdelegada.
