Finalmente 11 formalizados por los hechos en la Corporación Municipal Gabriel González Videla quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Hoy se resolverá situación de otras dos detenidas y de los «cabecillas», quienes desarrollaron el núcleo de la acción.
Sí, 22 personas investigadas, pero solo 17 formalizados –los otros cinco tienen orden de arresto- por los presuntos hechos de fraude al fisco y lavado de activos en la Corporación Municipal Gabriel González Videla.
En la sala del Juzgado de Garantía de La Serena los 16 detenidos y uno desde la sureña ciudad de Ancud, oían con atención lo expuesto por el juez Claudio Ayala, quien decretó las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para 11 imputados, quienes cumplían el rol de facilitar sus cuentas y claves de acceso para la sustracción de fondos.
La defensa de otras dos personas se opuso a las cautelares, lo que se resolverá hoy, al igual que la prisión preventiva, solicitadas por el Ministerio Público, para los cuatro imputados y cabecillas de los hechos.
En total, 12 hombres y 10 mujeres, dos de ellas funcionarias del Departamento de Salud, quienes, junto al esposo de una de ellas, habrían contactado a terceros para una serie de acciones en la obtención de recursos municipales.
A los imputados (un matrimonio, la secretaria y una cuarta persona que es la que recluta) se les atribuye cuatro delitos y a los otros, a lo menos dos. Y dos son crímenes: El fraude al fisco, por el monto que alcanza la sustracción, y el lavado de activos, con una pena que puede llegar incluso a los 15 años de privación de libertad.
«En base a los antecedentes que se han reunido, que parten con las querellas presentadas por la Corporación Municipal y por la Municipalidad de La Serena, se llegó a solicitar la orden de detención en contra de 22 imputados y en esos términos se ha decretado en una primera etapa los arrestos totales que fueron solicitados por nosotros y mañana (hoy) el tribunal resolverá sobre las prisiones preventivas», sostuvo Carlos Vidal, fiscal a cargo de la causa.
Cesfam, centros de rehabilitación
En las audiencias se exhibieron una serie de antecedentes, básicamente análisis de cuentas que demuestran que el destino final de la mayor parte de estos 750 millones de pesos defraudados, habrían terminado en poder de los imputados principales.
Además, se presentaron interceptaciones telefónicas que fueron obtenidas en el curso de la investigación, amén de la declaración de varios imputados que cumplían el rol de facilitar sus cuentas, apuntando derechamente a los principales actores como sus reclutadores.
En cuanto a los programas afectados, «básicamente satisfacían necesidades de salud de la comuna de La Serena, ya sea atenciones de los Cesfam, centros de rehabilitación de drogas y atención de menores que se encuentran con medidas cautelares o con condenas impuestas por los tribunales de justicia», agrega el fiscal.
Desde el municipio de La Serena, su abogado Rodrigo Álvarez comenta que, por lo pronto, lo que está peleando la casa edilicia «es que estas cuatro personas, que son los que tienen mayor compromiso respecto de este fraude, puedan quedar privadas de libertad».
En cuanto al hecho en sí, explica que todos los dineros de la corporación son públicos y vienen a través de aportes del Ministerio de Educación y de Salud «y si bien pasan por concejo, finalmente vienen de estos respectivos ministerios. Pero nos encontramos en una situación en que la Corporación Municipal tiene un déficit fiscal aproximadamente de 2.000 millones al mes que no alcanzamos a solventar como corporación y como municipio, y esto se debe lamentablemente a situaciones de fraude como estas».
Recuerda que en los primeros días de enero presentaron dos querellas, una por apropiación indebida de cotizaciones previsionales y otra por fraude al fisco, «así que esperemos que en algún momento se puedan acumular y como lo dijo la alcaldesa Daniela Norambuena, esto es solo la punta del iceberg respecto de una corrupción mucho mayor».
