Desde el Judicial agradecen la asistencia de las distintas instituciones para robustecer el trabajo en favor de niños, niñas y adolescentes. La reunión concluyó con la visita de representantes de varios organismos a un hogar en La Serena.
La Corte de Apelaciones de La Serena fue este miércoles el escenario en que distintos organismos estatales se reunieron y se comprometieron para generar e incentivar la colaboración y el trabajo intersectorial.
La participación de las instituciones (Bienes Nacionales, SernamEG, Registro Civil, SENDA, Ministerio de Educación, Servicio de Salud de Coquimbo, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, SPE) reforzó la idea de que el trabajo colaborativo entre organismos se traduce en mejor calidad en la entrega de servicios para los más vulnerables en la región.
En ese sentido, la ministra y encargada de familia e infancia de la Corte de Apelaciones, Gloria Negroni, enfatizó en el rol que tienen los entes estatales en el cuidado de los menores, especialmente para quienes se encuentran en residencias, «pues requieren de todos los servicios, ya que aquí debe intervenir salud, educación, el Registro Civil, Bienes Nacionales y SernamEG, porque los niños no están solos».
Para la ministra es preocupante la incidencia que tiene el consumo problemático de drogas en la disminución de las habilidades parentales, lo que provoca que los menores tengan que ser asistidos por los distintos programas que ofrece el SPE.
Esta situación provoca que niños de la zona tengan que ingresar a proyectos de cuidados alternativos, siguiendo la tendencia internacional de desinstitucionalizar a niños de primera infancia, es decir, de 0 a 3 años.
La prevención de la pérdida de los cuidados parentales por parte de los progenitores y el fortalecimiento de la actuación de cada uno de los organismos en esta tarea es la propuesta que hace la magistrada.
«En la región tenemos no más de 200 niños que requieren de cuidados especiales, y en este sentido debe reforzarse la labor de todo el intersector de salud para abordar sus necesidades, y la sociedad completa, para preocuparnos de satisfacer sus requerimientos de mejor manera», indicó.
Visibilizar a cada niño, niña o adolescente que está en los centros residenciales a lo largo de la región y hacerlo en el intersector, implica que cada integrante «pueda identificar con cara, nombre y apellido la necesidad que existe en nuestro territorio».
En ese sentido, reconoce que el Poder Judicial tiene una labor fundamental para ser quien convoca a las autoridades y además «sirve de nexo para llevar adelante todas las iniciativas que impliquen, por ejemplo, la construcción de protocolos y flujos de procesos para dar efectividad y garantía a los niños de nuestra región, especialmente a los más vulnerables».
Si bien no ignora que hay menores que cometen ilícitos, como es el caso que se dio a conocer en enero de este 2025, de un menor de 12 años que participaba en una banda criminal dedicada al robo de vehículos, insiste en la importancia de la prevención de estos hechos.
Acusa que hay factores que inciden de manera grave en estas situaciones, como la desescolarización o actitudes negligentes de los padres o tutores, así como el consumo de estupefacientes.
«Disminuir la influencia del consumo de drogas y alcohol, tanto en los padres como en los mismos niños, hará que podamos tener cifras menores y que, obviamente, los niños no se vean involucrados en este tipo de delitos».
Insiste en que lo que deben hacer precisamente «es cumplir nuestros compromisos como Estado en términos de fortalecer la prevención y enfocarnos en que los recursos del Estado estén destinados a fortalecer a las familias para que puedan hacerse cargo de la mejor manera de la crianza y educación de sus niños, conforme a lo que señala la Ley 21.430».
