Manifestaron su rechazo por la propuesta, que afecta la autonomía y gestión de las regiones. El GORE de Coquimbo tendrá una disminución de 4.910 millones, con lo que el presupuesto inicial se reducirá de 98 mil a 93.307 mil millones.
De manera unánime, el GORE y Consejo Regional de Coquimbo manifestaron su rechazo a las rebajas presupuestarias realizadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), que afecta directamente los recursos asignados a los Gobiernos Regionales, y que ha sido considerada como un obstáculo para la autonomía, gestión, y la adecuada implementación de programas y proyectos esenciales para el desarrollo la región.
Al respecto, el gobernador Cristóbal Juliá, quien además es vicepresidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), aseveró que «este ajuste presupuestario que ya se había anunciado, golpea gravemente a la ejecución de proyectos estratégicos para nuestra región. Nos enfrentamos a una disminución importante de recursos, lo que pone en peligro compromisos adquiridos con la ciudadanía. Muchas de las iniciativas que esperábamos llevar a cabo este año se verán postergadas o incluso suspendidas. Esto tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de nuestros habitantes».
Como ejemplo, el Gobierno Central necesita recaudar más de 543 mil millones, de los que 91 mil millones se obtendrán a través de una rebaja del 5% a los Gobiernos Regionales. En ese sentido, el GORE de Coquimbo tendrá una rebaja de 4.910 millones, con lo que el presupuesto inicial se reducirá de 98 mil millones a 93.307 millones.
Buen proceso de selección
Max Aguirre (RN), presidente de la Comisión de Presupuesto, expresó su preocupación sobre la reducción de estos recursos y ante esta negativa noticia, expuso que no lo esperaban y lo lamenta, «por cuanto afecta directamente las iniciativas de inversión de los distintos gobiernos locales y comunales, como los programas del Fondo Regional de Iniciativas Locales, Programa de Mejoramiento de Barrio y Fondo Nacional de Desarrollo Regional, justamente donde las comunas presentan iniciativas de inversión».
Sin embargo, descarta que alguna inversión grande, como el edificio de la carrera de medicina de la ULS, por ejemplo, pueda correr peligro. Al respecto, sostuvo que «los convenios de programación no afectan directamente esta rebaja presupuestaria. Por ejemplo, lo que son los convenios de programación con el Servicio de Salud, carabineros, gendarmería e investigaciones, ahí no afecta directamente este subtítulo 33, así que la Escuela de Medicina no se vería involucrada en este tema. Pero sí los municipios derechamente, porque es donde van direccionados estos recursos. Y más los municipios de zonas rurales, porque tenemos necesidades de primera prioridad, como son los alcantarillados».
Esgrime el consejero por la provincia del Choapa que ahora lo fundamental es realizar «un buen proceso de selección de los contratistas, en este caso los programas de inversión pública, y lo otro es llevar a cabo de manera correcta las ejecuciones presupuestarias que tenemos que ejecutar».
Concuerda en su opinión la vicepresidenta de la comisión, Valeria Chacana (PC), pues a su juicio «es una mala señal para poder avanzar en lo que significa la descentralización efectiva de las regiones, porque limita la autonomía de los gobiernos regionales, por cuanto estos ajustes afectan directamente lo que es la ejecución de proyectos de infraestructura, de desarrollo local y programas sociales que dependen de este tipo de financiamiento. Es un retroceso, ya que, además, instala las sensaciones en los gobiernos regionales de que estos no tienen el control suficiente para poder plantear sus prioridades respecto a cómo impulsar su desarrollo económico y social».
