Tras ser denunciados por no pagar arriendo y dar cuenta de la existencia de una solicitud de clausura, la administración del recinto suma al abogado Adrián Vega, quien estuvo al mando de la fiscalía por 8 años, para liderar la acusación de respuesta
Por Juan I.
Herrera Carreño
Esta semana se reveló el conflicto que existe hace años entre Teatro Centenario SpA, quien subarrienda el espacio, y Alta Cruz SpA su subarrendatario, que a su vez arriendan el inmueble al Arzobispado de La Serena.
Por una parte, Luis Retamal, representante de inversiones Alta Cruz SpA, aseguró que la problemática que lo llevó a denunciar a Sebastián Bravo como representante de la administración actual del teatro se debe a que este dejó de pagar el arriendo del inmueble en abril de 2014.
«Bravo nos dijo que estaba complicado. Como una manera de ayudarlo, le dimos un 50% de descuento durante cuatro meses, es decir, julio, agosto, septiembre y octubre. Posteriormente, pagó mes completo en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, y luego dejó de pagar definitivamente», asegura Retamal.
Además, acusa que el inmueble habría estado funcionando con una patente comercial vencida además de vender alcohol en el recinto sin el respectivo permiso municipal, razón por la que presentó una solicitud de clausura del teatro en la dirección de patentes municipales de La Serena.
Defensa con querella
Por su parte, Sebastián Bravo hace mención de una querella presentada contra Luis Retamal, por lo que califica como «un patrón de sabotaje e interferencia con el proyecto del Teatro Centenario para su ganancia personal».
El abogado Adrián Vega, quien lo representa en dicha acción legal, interpuesta a comienzos de diciembre de 2024, explica que se enmarca ante el delito de una «estafa residual, lo que a nuestro criterio constituye el hecho de que todos los documentos del inmueble no estaban en regla».
Argumentando que su representado «se topó a mitad de camino, con la inversión ya hecha, que no tenía la resolución definitiva de parte de la municipalidad, a lo cual él tuvo que avocarse meses después de haber hecho el contrato».
Adicionalmente, plantea que el arrendador no habría realizado las acciones que el contrato obliga, «es decir, para que el inmueble esté en condiciones de ser explotado para lo que se arrendó, por la existencia de otros subarrendadores de otros espacios del inmueble mismo en los cuales no había, digamos, remarcadores, separadores de uso de agua».
Aludiendo a los negocios comerciales que comparten el inmueble, con los que se habrían generado conflictos entre subarrendadores.
«Tanto yo como el personal del teatro fuimos víctimas de amenazas respecto a nuestra integridad física por parte de vecinos, debido a conflictos generados por la administración de Luis Retamal en representación de Alta
«Tanto yo como el personal del teatro fuimos víctimas de amenazas respecto a nuestra integridad física por parte de vecinos, debido a conflictos generados por la administración de Luis Retamal en representación de Alta Cruz y eso derivó a la decisión de retener los pagos hasta que Alta Cruz regularizara esta situación de falta de permisos formales», dijo Bravo.
Si bien la decisión de no pagar es ajena a la querella presentada por Sebastián, Vega expone que «desde el punto de vista civil se habla de que la mora purga la mora. Alguien no está obligado a pagar, si es que la otra parte no está incumpliendo la contraprestación del contrato. En este contexto y al no existir solución, se habrían retenido los pagos».
En este contexto, Bravo sentencia que Retamal «pretende aprovecharse de nuestra inversión para así poder arrendarlo a un precio más elevado a una tercera persona», sentenció Bravo.
Posibles sanciones
En cuanto a la querella por supuesto fraude, Vega explica que se busca establecer «que el querellado ocultó información dolosamente; de hecho, aportó mediante un engaño a Sebastián Bravo sobre la existencia de la recepción definitiva, la cual era fundamental para contratar, lo que a la vez generó un perjuicio económico».
En tanto, argumenta que, al tratarse de una querella de tipo criminal, «la pena que establece el Código Penal por fraude o engaño es de 61 a 540 días de presidio menor en su grado mínimo y multa, sin perjuicio de que se pueda interponer el procedimiento penal o criminal, demanda civil e indemnizatoria, si la fiscalía decide formalizar al querellado».
Clarificado eso, explica que la investigación está en manos de la brigada de delitos económicos de la Policía de Investigaciones de Chile.
Coletazos
al municipio
En cuanto a la venta de alcoholes en el recinto, Bravo asegura que la necesidad de dicha patente fue expresada a Retamal desde el día, y que en concordancia se han realizado los procesos para obtener la patente sin éxito, lo que escondería una problemática con la anterior administración municipal.
«Existe una querella criminal por el supuesto delito de prevaricación administrativa respecto de Roberto Jacob. Ha habido ávida aversión de funcionarios municipales a favorecer la regularización del edificio», a lo cual suma múltiples solicitudes por la patente «que han sido rechazadas sin cumplir con los trámites formales».
Aun así, reconoce que han tenido patentes provisionales para la venta de alcohol en eventos específicos, y que, si bien han sido multados un par de veces por expendio de alcoholes durante 2023, «eso se detuvo ahí, en este momento no estamos vendiendo alcohol».
En cuanto a la posibilidad de clausura, Bravo mantiene su postura de que no existen razones para la misma, ya que la patente del teatro, contrario a lo que dice Retamal, estaría vigente. Aun así, desde el municipio aseguran que la solicitud está en trámite administrativo, por lo que aún no existe seguridad del resultado.
