El recinto porteño descarta liderar la lista como señaló un reportaje de un medio capitalino, y aclara que solo dos casos cumplen con esa categoría desde 2010. Sin embargo, las cifras del Servicio de Protección Especializada revelan un problema mayor, el aumento de niños en residencias en todo el país.
El Hospital San Pablo de Coquimbo encabeza la lista de recién nacidos abandonados en los últimos seis años, según un reportaje de The Clinic. Sin embargo, el recinto aclara que, desde 2010, solo han registrado dos casos de abandono, mientras que el resto corresponde a situaciones sociales que no entrarían en esta categoría.
Aunque la diferencia parece técnica, en la práctica se trata de bebés «cedidos» o dejados por sus progenitores. La distinción se hace bajo el argumento de que no estarían abandonados si los servicios estatales se hacen cargo.
La enfermera jefa del Servicio de Pediatría del hospital, Andrea Avilés, explica que, ante un posible abandono o vulneración de derechos, «nuestro equipo solicita al Tribunal de Familia la hospitalización del recién nacido en la Unidad de Recién Nacido como medida cautelar. Esto permite evaluar a la familia extensa para determinar quién podría asumir o apoyar en sus cuidados».
Si no hay familiares aptos, el tribunal autoriza a la trabajadora social para inscribir al lactante en el Registro Civil, priorizando su derecho a la identidad. Luego, si sigue sin red de apoyo, se ordena su ingreso a una residencia u hogar especializado, donde se realiza una nueva evaluación familiar. Si no se encuentra un cuidador idóneo, el bebé queda a la espera de adopción.
Desde el hospital insisten en que solo han registrado dos casos de abandono desde 2010 y que la gran mayoría de estos casos son sociales y no representan, necesariamente, abandono. Casos que posteriormente son abordados con medidas de protección, incluyendo el alta médica con padres a la espera de audiencia, con familiares o el ingreso al sistema residencial.
Más allá de esta distinción, las cifras entregadas por el mismo Servicio de Protección Especializada revelan una realidad preocupante: en Chile, 5.041 niños, niñas y adolescentes viven en residencias, 688 de ellos menores de tres años, cifra que ha aumentado respecto a los 583 registrados en enero de 2024. En la región de Coquimbo, en enero de este año había 33 menores de tres años en residencias, frente a los 32 del mes de junio de 2024, dentro de un total de 269 niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial.
Anita Bonell, directora del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, expresó su preocupación por este fenómeno.
«A pesar de la disminución de nacimientos, vemos un alarmante aumento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes derivados a nuestros programas de protección. Debemos abordar este problema desde todas sus dimensiones, porque es una tarea que nos involucra como sociedad», señaló.
Desde la institución destacan la necesidad de fortalecer las Familias de Acogida, que cuidan temporalmente a los niños mientras se resuelve su situación judicial.
«Cuando un niño es separado de su familia por orden judicial, la mejor alternativa es el acogimiento familiar. Nuestro desafío es fortalecer y promover este modelo».
Según datos del servicio, las Familias de Acogida reducen el riesgo de reingreso al sistema, disminuyen la explotación sexual y mejoran la escolarización, «así debemos redoblar esfuerzos para aumentar su número, porque la cantidad de niños derivados a residencias sigue creciendo», concluyó.
Pero es «una tarea titánica que debe ser enfrentada de manera conjunta como país», esgrime Bonell. Sin duda una labor compleja, más aún teniendo en cuenta que en promedio las familias de acogida reciben 134.000 mensuales para solventar gastos básicos de los menores. A esto se le añade la saturación de las residencias y los tribunales en el país, dando cuenta de una tarea pendiente que nunca se subsanó: superar al antiguo SENAME.