La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y representantes de la CUT asistieron durante la semana al encuentro entre la mesa del sector público y el ministerio de Hacienda, para continuar la negociación del reajuste para los funcionarios públicos que corresponde a este año. Los empleados públicos exigen un 8,8% de reajuste salarial y 10% para los funcionarios de más bajos salarios, además de estabilidad laboral, seguro de cesantía y concretar un acuerdo antes de las elecciones presidenciales del próximo 17 de noviembre.
En este contexto, Jaime Ramírez, presidente CUT Elqui, manifestó que el único objetivo alcanzado en la mesa fue para establecer las fechas para las próximas reuniones de las partes bajo el argumento que el Gobierno tiene la intención de terminar estas negociaciones el 15 de noviembre, con lo que vamos a tener una dilación de 3 semanas manifestó el dirigente. «Estamos a la expectativa de lo que plantea la representante de los trabajadores el sector público para ver si hay movilizaciones y que se determinará en Santiago».
Agregó que el proceso de negociación se alargó «innecesariamente en al menos un mes», porque cuando se presentó el proyecto se iniciaron las discusiones, las conversaciones entre los parlamentarios pero con el acuerdo que tomó la cámara de Diputados y el Senado de tomarse un mes de vacaciones para dedicarse a sus campañas «han perjudicado el proceso de negociación», afirmó Ramírez.
Sostuvo que en este marco el Gobierno también está tranquilo en términos de conversar el tema hasta el 15 de noviembre, el problema aseveró el representante de la CUT es que esto generará un retraso y un apuro cuando llegue el momento de votar la Ley de Presupuesto que es, en definitiva, la que define el porcentaje de reajuste para los empleados públicos. «Este alargue de un mes ha provocado molestia en los trabajadores públicos porque ven los parlamentarios han privilegiado sus intereses personales y se olvidaron de todos los funcionarios».
Afirmó que este retraso y dilación del acuerdo por el reajuste a los funcionarios del sector público se traducirá en un «endurecimiento de las posturas». Puntualizó que en este momento «estamos negociando con un Gobierno que ya se sabe derrotado en las elecciones», es ahí – acotó Ramírez -donde los trabajadores y la mesa debe diseñar una estrategia para presionar a los parlamentarios durante este proceso antes de las elecciones para que haya un avance antes del 15 de noviembre y que la última semana se determine claramente que el Gobierno acceda parte importante de lo que los trabajadores están pidiendo y «que no solo es el reajuste del 8% y 10%».
Argumentó que si bien el reajuste es uno de los puntos más importantes los representantes de la ANEF y de la CUT harán hincapié en una de las peticiones permanentes de los trabajadores, «estabilidad en el empleo, terminar con las contratas y con los honorarios de los trabajadores en el sector público que es una forma vergonzosa de contratación y que se ha presentado algo normal ante la comunidad».
