De la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y Sociedad Agrícola del Norte (SAN) rescatan que el gobierno haya accedido a las tratativas de la oposición para formar un protocolo de acuerdo en torno a la reforma tributaria.
Freddy Bermúdez, presidente regional de la CChC, señala que «ahora esta es una ley que sí está considerando la opinión del empresario».
El dirigente explica que desde su gremio valoraron reponer el tope de 225 UF para el crédito especial a la construcción en viviendas hasta 2.000 UF. Sin embargo, piensa que quedó fuera de este acuerdo el hecho de que las viviendas «queden exentas del IVA a la venta habitual, así como los resguardos para proteger la venta de la segunda vivienda».
Bermúdez también se refirió a las críticas de los sectores que quedaron fuera de este acuerdo realizado en las dependencias del ministro de Hacienda y explicó que «lo importante es lo que se ha logrado».
Pero su mirada fue un poco más allá, señalando que las aprensiones por parte de lo que estuvieron fuera de las negociaciones, son «críticas a destiempo». Además explicó que los argumentos como la «retroexcavadora» no eran una buena señal hacia el empresariado.
AGRICULTORES
Juan Francisco García, Secretario Ejecutivo de la SAN, explicó que «siempre el diálogo y el consenso es la forma adecuada de hacer políticas públicas y en un cambio tan trascendental como una reforma tributaria, creemos que fue la forma correcta».
Señaló que a pesar de que antes que se llegara a las negociaciones entre oposición y el gobierno por la reforma, desde la SAN compartían los objetivos de ésta, ya que «es necesario una reestructuración financiera para poder financiar esta brecha que tiene el país con la educación».
García siente que la razón por la cual el gobierno cedió ante los empresarios fue la acción de agrupar todos los gremios en uno solo, enfatizando que «sirvió para que el gobierno escuchara y tomara las recomendaciones, ya que aquí nadie estaba en contra del objetivo del proyecto, sino que teníamos dudas».
Destacó los acuerdos alcanzados respecto a mantener la renta presunta hasta 9 mil UF dentro de la agricultura y sobre las modificaciones al rol fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos SII, al cual «no se le da toda la autonomía, sino que los que tengan problemas con este organismo, podrán acudir a tribunales tributarios en esos casos y así se evitan los posibles sesgos que se podría producir por parte de los fiscalizadores».
