Dirección Regional ahora en manos de un profesor de historia, militante comunista, dice que sin renunciar a lo que ordena la ley: Fiscalizar. También trabajan en orientar, prevenir, responder a los sostenedores y apoderados. En pocas semanas de asumido el nuevo Director, ya ha dictado seminarios en esa línea.
Francisco Brizuela Tapia, profesor copiapino, titulado en pedagogía en Historia en la Universidad de La Serena en 1993. Asumió en este importante cargo, el 2 de junio de 2014. «Entendiendo que es una responsabilidad compleja porque la misión fundamental tiene que ver con la fiscalización de establecimientos educacionales. Son más de 700 colegios en la Región de Coquimbo en los que pone la mirada y acoge a los apoderados».
En nuestra región, explica Brizuela, hay una matrícula equitativa entre municipales más los particulares subvencionados (300) y los particulares pagados. A este último grupo no se les fiscaliza, «pero se acogen las denuncias que según el mérito y fundamento se someten a tramitación. Los que sí deben fiscalizar, son los colegios que tienen subvención del Estado.
Y aunque se supone que los sostenedores conocen bien las leyes, igual ocurren irregularidades «Sí, hay incumplimientos a la normativa. Hay una cantidad importante que incumple».
472 denuncias
Es así que, mirando los números se tiene que desde 2012 cuando comienza a operar la Superintendencia a la fecha, se han recibido 472 denuncias. Las de mayor concurrencia son las de maltrato físico y sicológico entre alumnos. Van 196 denuncias de maltrato en estos dos años.
Sin embargo, dice Brizuela, se advierte una baja en las denuncias, lo que no necesariamente significa que han disminuido en la realidad. Hay colegios en sectores alejados, rurales, que no hacen denuncias, aun cuando se podría hacer por internet, pero no toda la gente tiene acceso.
EL PROCESO
Todo está reglamentado. Tras recibirse la denuncia, lo primero que se hace es una suerte de mediación buscando que el problema se resuelva entre las partes. «A pocos días de asumir tomamos un caso en Vicuña y conseguimos resolverlo a través de la mediación»…
«Por eso, como digo, nuestro trabajo es y será fiscalizar, pero también dar acogida, buscar resolver situaciones cuando se pueda o la norma lo permita. En este sentido, la capacitación pasa a ser fundamental, para que los sostenedores sepan su carta de navegación. Un reciente seminario dictado en La Serena reunió a 192 sostenedores de colegios particulares subvencionados a los que se les dio orientaciones en el proceso de admisión, a fin de que no apliquen selecciones arbitrarias en la matrícula.
FALTAS QUE SE REPITEN
En las fiscalizaciones, informa el Director Regional, hemos encontrado problemas de infraestructura, situaciones horas de clases que no se hacen por falta de profesores, ausencia del certificado de idoneidad sicológica de los asistentes de la educación, trámite que debe iniciarlo el sostenedor pidiendo una hora en el Servicio de Salud, para que el postulante se haga el examen. Esta es una de las observaciones que se da con mayor frecuencia.
Los que incumplen se exponen a una sanción que depende de la gravedad de la falta. La sanción puede ser desde una amonestación por escrito, pasando por multas de hasta 40 millones de pesos (mil UTM) o sanciones mayores como por ejemplo la inhabilidad de calidad de sostenedor de una persona o la revocación del reconocimiento oficial que significa el cierre del colegio. «Son las herramientas que otorga la ley».
Por otro lado, hay problemas que se repiten en ciertas épocas del año como la no renovación de matrícula a un alumno o exigencias de requisitos que no están permitidos por la ley para matricular a un estudiante. Por ejemplo, le piden certificados de matrimonio a los apoderados, les aplican pruebas a los alumnos, hasta fotografías de la familia han solicitado, y todo eso está prohibido por Ley. La Ley General de Educación señala claramente cuáles son los requisitos que deben aplicar en el establecimiento en el proceso de matrícula. «En la Región de Coquimbo desde el 2012 tenemos 22 denuncias que dicen relación con estos temas y otras 81 denuncias relacionados con matrículas».
ECUANIMIDAD
El funcionamiento de la Superintendencia está normado por la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación que junto a otras normas aseguran un justo proceso. Este comienza por la fiscalización o denuncia. Se solicitan los antecedentes al sostenedor, luego hay espacio para descargos y, posteriormente, se sanciona. Los sancionados pueden interponer una reclamación a la Superintendencia y si aun así lo estiman, pueden recurrir a la Corte de Apelaciones, e incluso, a la Corte Suprema de Justicia.
