Un grupo de 72 profesores jubilados de Coquimbo, apoyados por el colegio de la orden y asesorados por el abogado Rodrigo Bravo, presentaron a la Contraloría Regional una solicitud para que el órgano de control emita un pronunciamiento con respecto a la negativa de la municipalidad porteña a pagarles una indemnización por retiro voluntario.
El caso involucra a un conjunto original de 77 maestros que jubilaron entre 2007 y 2009, quienes reclaman que les correspondía ser beneficiados con una indemnización especial, proporcional a los años de servicio, dispuesta por la Ley 19.070, en su artículo transitorio número 2. Cinco de estos docentes ya fallecieron.
En una carta colectiva, el grupo sostiene que dicha deuda “no fue cancelada por la autoridad de la época, el Sr. Alcalde (…) don Óscar Pereira Tapia, pero es sabido que la nueva autoridad que asume el mandato hereda el compromiso que no alcanzó a cumplir la autoridad anterior, por lo tanto, nuestro derecho no se puede ignorar. El actual alcalde, don Cristian Galleguillos Vega, y señores concejales están en conocimiento de nuestra situación, pero hasta el momento no tenemos respuesta positiva”.
El documento agrega que “necesitamos con urgencia nuestra indemnización, somos adultos mayores cada día más vulnerable, vivimos con una escasa pensión, la salud se deteriora, muchos padecen graves enfermedades o enfermedades que podríamos llamar propias de la edad y cinco de nuestras colegas ya han fallecido”.
El presidente del Colegio de Profesores Comunal Coquimbo, Tomás Alvarado, explicó que este grupo de docentes demandó en su oportunidad al municipio por este concepto, acción que, posteriormente, fue abandonada por el abogado que los representaba en la época. “Los profesores, viendo que no les llegaban estos recursos, acudieron a un abogado y éste, lamentablemente, abandonó la causa. Al mismo tiempo, otro grupo de profesores recibió hace un año esa indemnización, incluso con el bono de retiro que corresponde. Eso significa desigualdad ante la ley”, señaló.
El dirigente agregó que se han enviado múltiples comunicaciones por escrito al municipio preguntando por este caso, sin que hasta ahora se les haya entregado nunca una respuesta formal. Aun más, sostuvo que informalmente se les ha dicho que no se puede, debido al abandono de la causa judicial.
El abogado Bravo puntualizó que a los docentes afectados “los incentivaron para que se retiraran, que jubilaran para que les pagaran el bono de término. Fueron engañados, no les pagaron. El alcalde de la época les dijo que lo que debían hacer era demandar al municipio; pero una vez que lo hicieron, se les dijo que la municipalidad no podía pagarles por estar demandada. No obstante, a los profesores que no habían demandado, se les pagó todo”, pese a que jubilaron en la misma época. “Nadie tiene el derecho en Chile de decir a unos les pago y a otros no”, sentenció el letrado.
Bravo aseguró que existe múltiple jurisprudencia de la propia Contraloría con respecto a este tipo de casos, por lo que esperan que dicha entidad “oficie a la municipalidad ordenando el pago, tal como ha hecho con otras municipalidades. Esto puede significar graves sanciones para el alcalde”.
