La propuesta apunta a que dichos inmuebles cuenten con infraestructura de protección, que los primeros pisos de edificaciones tengan suficientes cimientos y que existan las debidas vías de evacuación.
Tras el terremoto de 8,4 grados y posterior maremoto que afectó en la región de Coquimbo, a mediados de septiembre pasado, la fragilidad de las construcciones quedó nuevamente en evidencia.
En ese marco, es que el próximo martes 3 de noviembre, se constituirá la Comisión Mixta que busca zanjar las discrepancias entre ambas Cámaras en torno al proyecto que establece condiciones de resistencia y los efectos de estos fenómenos naturales en las construcciones costeras. En la ocasión, se elegirá al presidente de esta instancia y se procederá a determinar la metodología de trabajo y calendario tentativo.
La propuesta iniciada en mensaje de los senadores Antonio Horvath y Baldo Prokurica, y los ex congresistas Hosaín Sabag, Ramón Vega y José Antonio Viera-Gallo; ingresó en el 2005 y en 2010 se decidió generar una Comisión Mixta dado que el Senado rechazó las modificaciones efectuadas por los diputados en el segundo trámite.
La norma modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de establecer que en el diseño y construcción de las obras de urbanización y edificación del borde costero deben existir condiciones de resistencia y mitigación de los efectos de maremotos y tsunamis. Por ejemplo, se debería contemplar infraestructura de protección, que los primeros pisos de edificaciones tengan suficientes cimientos y que existan las debidas vías de evacuación.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo fue la encargada de analizar la iniciativa, por ello recibió a una serie de expertos. En esos años, los geógrafos plantearon la necesidad de modificar las normas de edificación en las costas, debido a que generalmente son los maremotos los que provocan mayor cantidad de víctimas después de un sismo de proporciones.
A la luz de esas recomendaciones, el texto propuso establecer zonas de exclusión en las que no se puede construir, y zonas intermedias en la que se pueden edificar viviendas en determinadas condiciones, pero por ningún motivo hospitales, servicios básico, colegios o servicios de utilidad pública».
En la Cámara Baja, el texto se modificó estableciendo que se deberán tomar «todas las características, fenómenos naturales y particularidades de los diferentes lugares del territorio nacional» al momento de diseñar las obras.
No obstante, los senadores consideraron que ello hacía inaplicable la medida dado que ello significa realizar una serie de estudios por región, y lo que buscaba la propuesta era precisamente dar una aplicabilidad inmediata a la ley.
