Para hoy estaba fijada la esperada audiencia en la Corte de Apelaciones de La Serena, destinada a revisar la sentencia del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, emitida en marzo pasado, en la cual el tribunal de primera instancia decretó la demolición del tranque de relaves El Mauro, como consecuencia de una denuncia de “obra nueva” contra la Minera Los Pelambres (MLP). Sin embargo, la sesión –programada para efectuarse en la tercera sala del tribunal– fue postergada ayer por solicitud de la empresa, quedando en principio fijada para el próximo miércoles.
La suspensión coincide con el proceso de diálogo que, desde agosto, está desarrollando la compañía con al menos una parte de los residentes de la localidad de Caimanes, en la comuna de Los Vilos, en busca de un acuerdo amistoso que ponga fin a los litigios legales que mantiene la comunidad local con la firma minera integrante del grupo Luksic. Por lo mismo, fuentes judiciales estiman como probable que la audiencia sufra nuevas postergaciones, en espera de concretar un acuerdo.
Como se recuerda, el dictamen del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos fue emitido al evaluar como insuficiente un plan de obras presentado por MLP para devolver a Caimanes las aguas del estero Pupío, sobre cuyo lecho natural fue construido el tranque, en el año 2008. Ese hecho motivó que un grupo de pobladores, reunidos en el Comité de Defensa de Caimanes, que lidera el conocido dirigente Cristian Flores, presentara ese mismo año una denuncia de “obra nueva” y otra de “obra ruinosa” contra la empresa.
En octubre de 2014, la Corte Suprema falló la primera denuncia, sentenciando a la compañía por obstaculizar el libre goce de las aguas naturales de la zona a sus habitantes originarios y ordenando la reposición del acceso a esos recursos, para lo cual se ordenó a MLP ofrecer un plan que permitiese cumplir con la exigencia o, de lo contrario, proceder a la remoción del colosal tranque de relaves.
No obstante, las conversaciones iniciadas en agosto han logrado importantes avances, trascendiendo que MLP estaría ofreciendo un “fondo de desarrollo familiar” por un total de $ 6 mil millones, más otro fondo de diez millones de dólares para “obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida”. Todo ello a condición de que la comunidad de Caimanes acceda a terminar los juicios.
La posibilidad de un acuerdo es rechazada por Flores, lo cual lo enemistó con los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo, quienes por años representaron a los demandantes, logrando una serie de victorias judiciales. Por lo mismo, los tres profesionales mencionados renunciaron al patrocinio legal de estas causas, cuestión que ya fue comunicada tanto al Juzgado de Los Vilos como a la Corte de Apelaciones de La Serena.
