El texto fue elaborado por los senadores Jorge Pizarro, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Lily Pérez San Martín, Ena Von Baer, Pedro Araya, Alejandro García-Huidobro, Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Carlos Montes, Iván Moreira, Baldo Prokurica, Rabindranath Quinteros, Eugenio Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
En concreto los legisladores hacen ver la necesidad de que los ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura y Economía, desarrollen una política oficial del Estado en tal sentido. Esto se materializaría en la conformación de una Comisión Jurídica Tripartita integrada por estas carteras y la Asociación de Productores Pisqueros (AG).
El proyecto de acuerdo recuerda que el establecimiento legal de la Denominación de Origen en 1931 del Pisco, junto con implicar la institucionalización del destilado en nuestro ordenamiento jurídico, permitió que se instalara la industria del Pisco en nuestro país.
Este concepto de denominación de origen originalmente apelaba a “un patrimonio que debía ser entendido desde una perspectiva país, su titularidad, administración y defensa -en el ámbito nacional- le correspondía al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y -en internacional- al Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas instituciones en representación del Estado de Chile”.
AGUARDIENTE PERUANO
El texto admite que “este criterio nacional de defensa ha ido cambiando de orientación para dejar en los productores de Pisco su defensa y representación en el exterior, detectándose un creciente ingreso de aguardiente peruano que se promociona y comercializa bajo el rótulo de “Pisco”, atentando contra la denominación de origen del Pisco Chileno”.
En esa línea, los congresistas apelan a revisar “la normativa legal y reglamentaria que regula la denominación de origen Pisco, para determinar los aspectos que deben ser mejorados y complementados, a fin de que pueda llevarse a cabo una efectiva protección y promoción. Ello especialmente permitiría dotar a los organismos fiscalizadores de atribuciones suficientes para controlar el ingreso, comercialización y publicidad del aguardiente peruano que se vende como pisco en Chile”.
