Molestos están los transportistas que reparten agua en camiones aljibes que prestan servicio a Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Onemi, de diferentes lugares de la región, por la deuda que posee el gobierno en algunas comunas hasta de 9 meses. Este es el caso de Los Vilos, donde los proveedores no reciben pago por el servicio desde enero y a este hecho se refirió Adolfo Aguilera, quien hasta junio trabajó con dos camiones y hoy presta servicios con agua para los sectores rurales de la comuna en un camión.
El caso de Los Vilos se suma al de Canela, Monte Patria, Río Hurtado, Combarbalá, Illapel, por nombrar algunos lugares, sobre todo indica Adolfo por lo burocrático del envío de informes y la petición parcializada de documentos por parte de Onemi, por lo que en Los Vilos han informado al municipio que si no pagan se paralizarán desde el 01 de octubre.
Adolfo Aguilera sostuvo que ellos tienen compromisos con sus trabajadores, deben pagar IVA, a sus trabajadores entre otros. «Las consecuencias las pagamos nosotros los proveedores por el retraso» enfatizó.
Los proveedores de diferentes comunas de la región se han acercado a Denis Cortés Aguilera, candidato de diputado, para que les ayude a gestionar una solución.
«Hoy no solo se debe cancelar lo adeudado sino tan bien se debe ver como se continúa hacia adelante con este sistema» agregó Cortés Aguilera
Cortés Aguilera explicó que el Estado se convierte en el peor empleador porque no cumple con sus proveedores. Además se verán afectadas miles de familias que se abastecen en el campo con agua de camiones aljibes con los 50 litros que se entregan.
Asimismo el candidato a diputado señala que es legítimo buscar alternativas modernas, pero las reglas deben ser claras y no burocratizar el tema.
En total son casi 90 camiones a nivel regional a los que se les adeuda el servicio que hoy administra Onemi, que además señaló que desde agosto de 2016 informó de los requisitos para las solicitudes trimestrales de arriendo de camiones aljibes, que hoy dificultan el pago a los proveedores.
Los documentos para aprobar el pago son enviados a Onemi regional, luego nacional y posteriormente a la Subsecretaría del Interior para luego transferir los recursos para el pago.