Sin poder llevar a cabo juicios orales, revisión de medidas cautelares e ingreso de imputados en prisión preventiva, se llevó a cabo la tercera jornada del paro indefinido de los funcionarios de Gendarmería, que comenzó pasada la medianoche de este lunes.
Movilizaciones que con los días se irán radicalizando, como aseguró el gremio, especialmente tras las declaraciones del Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quienes asumió la interlocución entre el Gobierno y las asociaciones.
Es que en Gendarmería no gustaron las palabras del Ossa, quien abordó por primera vez la crisis señalando, entre otras cosas, que las asociaciones están equivocando el camino, «ya que el Gobierno siempre estará abierto al diálogo, por ello no entendemos las medidas de presión adoptadas por las agrupaciones gremiales de Gendarmería».
Medidas que para Boris Ruiz Sánchez, presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de La Serena, sólo entorpecen las negociaciones.
«En vez de buscar alternativas de solución, lo que está haciendo el subsecretario es provocar, así que nosotros nos mantenemos en la misma postura. Además, queremos aclarar que la vulneración de los derechos básicos no se ha dado, ya que ellos –los reos- tienen salud y alimentación asegurada», señaló.
Los funcionarios reclaman que las propuestas del Ejecutivo son insuficientes para sus expectativas laborales y Ossa responde que «la propuesta presentada por el Gobierno es global y cumple con sus necesidades».
Ante esto, Ruiz fue enfático en aclarar que «lo que hace el subsecretario es entorpecer las conversaciones. Es que no habríamos llegado a estas instancias si es que el Gobierno hubiese escuchado a los trabajadores, pero en este caso no nos escuchó y simplemente están haciendo caso omiso a todas nuestras peticiones históricas».
Además, sostiene el dirigente que «hoy (ayer) comenzó la radicalización, debido a que no ingresaron los abogados y cada día iremos agregando un nuevo ingrediente más para poner presión. Así que la forma del subsecretario no es la mejor». Y aclara que «el que los abogados no ingresen es una vulneración de derechos, es cierto, pero no es un derecho básico, que por lo demás está cubierto y todos los días. Lo que se ha impedido es que entren y salgan internos de los centros de detención».
En caso de que un detenido obtenga la libertad justamente en estos días, Ruiz avisó que «acá no se ha dado, pero si se diera, ante esa situación evidentemente basta que el tribunal nos haga llegar la orden de libertad y de inmediato damos cumplimiento. De eso no hay problema, puesto que de no hacerlo estaríamos vulnerando un derecho fundamental del interno, que es tenerlo en detención arbitraria, lo que no vamos a hacer».
Desde el gobierno señalan que desde el término de las negociaciones no ha habido nuevos acercamientos y el inicio de las movilizaciones obligó al Poder Judicial a tomar medidas de urgencia para alivianar las consecuencias del paro de los gendarmes. En el comunicado de Ossa se agrega que «en este sentido, es importante recalcar que los paros, los cuales son ilegales, no pueden afectar el oportuno control de la delincuencia ni los derechos y la seguridad de la población penal».
Respecto a ello, afirmó el dirigente gremial que «no hemos incurrido en ninguna falta, porque los derechos de los reos, insisto, están asegurados. Es más. Tenemos varias alternativas de presión que iremos sumando y lo que se suma no se baja, así que no restaremos ninguna de las medidas, sino que iremos radicalizándolas, dependiendo de las respuestas que nos entregue la autoridad, que hasta el momento han sido nulas. Es que para sentarse a conversar, mínimo es que de los once puntos que nosotros solicitamos, que al menos cuatro nos atiendan, y que son puntos básicos, pero que sean integrales y no a medias. Estos son: La carrera funcionaria, movilidad dentro de las plantas, la creación de la planta número tres de personal no uniformado y las pensiones e incentivos para poder retirarnos anticipadamente. Entonces si tocan esos temas, obviamente que nosotros estamos en condiciones de sentarnos a conversar y bajar la movilización, porque tampoco queremos seguir afectando mayormente al Estado, porque somos parte del Estado, pero creemos que el Gobierno nos está vulnerando esos derechos, visto que no nos están entregando los recursos para nosotros seguir subsistiendo y adaptarnos a los nuevos tiempos».
