Se determinó finalmente que el antiguo sistema judicial sea el encargado de indagar las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el cuestionado ex obispo, después que el Juzgado de Garantía de La Serena se declarara incompetente.
Fue en el segundo piso, en la sala 2 del Juzgado de Garantía de La Serena, donde ambas partes, defensoría y querellante, entregaron sus argumentos. También lo hizo el fiscal regional. Y entre ellos, sentado e impecablemente vestido, Hernán Godoy, una de las víctimas. Porque si bien no era una audiencia de comparecencia obligatoria, de todas maneras dijo presente.
A las 08:30 se autorizó el ingreso. Paso casi marcial de los presentes. «Deben pedir autorización para fotografías y filmaciones, ¿están de acuerdo?», comenta el magistrado a los presentes, anticipando la refriega. Los flashes no dejaron de activarse. «¿Listo?», dice el juez. Silencio casi sepulcral.
Primero habló el fiscal, luego la querellante y finalmente la defensora pública. Después el turno fue de «su señoría y así, casi cincuenta minutos después, atestiguado por fotógrafos, camarógrafos y reporteros, el Juzgado de Garantía se declaraba incompetente ante la causa iniciada por una querella por abuso sexual contra el ex obispo Francisco José Cox, quien regresó hace unos días a Chile tras 17 años en el extranjero, primero en Colombia y luego en la ciudad de Vallendar, Alemania, en la Casa Central de la Comunidad de Schoenstatt.
Con esta determinación será entonces el sistema de justicia antiguo el que investigue las denuncias de abusos que han caído sobre el cuestionado ex religioso, en este caso a cargo del ministro de fuero y actual integrante de la Corte de Apelaciones, Christian Le Cerf Raby, y quedando con secreto de sumario. Aunque para la Agrupación «J23», «es realmente una bofetada a las víctimas, porque en términos simples será un proceso mucho más largo», lo cierto es que para Godoy y su abogada existió un cierto grado de conformidad.
Godoy, que tenía 13 años de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados, afirma que «en parte quedé conforme, porque peor habría sido que esto hubiese llegase hasta acá nomás. En el fondo, seguramente será un proceso más lento, un proceso ante la justicia antigua, pero lo importante es que se sigue investigando. También puede ser rápido, quizás. Es parte de un proceso, aunque tampoco hay que esperar que pase tanto tiempo, debido a que Cox es una persona de avanzada edad y cualquier cosas puede pasar, pero en el fondo lo que importaba es que se seguirá investigando, así que de verdad que muy conforme en ese sentido». Los hechos, acontecidos en el año 1985, hoy tienen a Cox en el banquillo de los acusados y eso, para Godoy es lo principal.
«Es un paso más, y de verdad que no lo veo como un retroceso, sino que un paso hacia adelante, ya que todo indica que seguirá su camino y como debe ser. Han pasado 33 años, entonces qué queda en esperar un tiempo más para que en realidad se haga justicia. En el fondo lo bueno es que se acogió y no se tiró todo por prescripción. En suma, lo único que sacamos en claro, y me lo dijo la abogada, es que esto sigue adelante, se investigará por la justicia antigua y puede terminar al igual como terminó lo de Fernando Karadima, que es un muy similar».
Mientras que la abogada de Godoy, Josefina Gutiérrez, de la Fundación para la Confianza, cuyo director es José Andrés Murillo (una de las víctimas de Karadima), indicó que «entendemos perfectamente la decisión, pues efectivamente los hechos son anteriores a la entrada en vigencia y nuestra intención es que se investigue, que se aclare que los hechos son ciertos y que mantenga la posibilidad de reivindicarse frente a lo que le ocurrió».
Agrega que «existen otros denunciantes, pero están en otra jurisdicción, por lo tanto la idea es que precisamente en base a esa investigación se logre acreditar si existen o no otros antecedentes. Ahora queremos que comparezca, que (Cox) concurra a declarar como lo tiene que hacer cualquier imputado. Pero estamos totalmente conformes con la resolución y sabemos, al igual que el Ministerio Público, que en este caso el ministro de fuero hará el trabajo perfectamente, que es investigar con igual objetividad y la idea es que se realicen la mayor cantidad de diligencias posibles para que se acrediten los hechos y se ratifique lo indicado por Hernán. No obstante después, por ejemplo, se indique que están prescritos y no se puede sancionar, pero eso no opta que haya que hacer una investigación».
