Este jueves, y luego de casi dos meses de espera, cuatro concejales de la comuna de Ovalle presentaron ante el Tribunal Electoral un recurso que solicita el inicio de un juicio para la solicitud de destitución del alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, por su presunta responsabilidad administrativa en el déficit del Departamento de Educación Municipal por casi 7 mil millones de pesos.
De los integrantes del cuerpo colegiado, dos pertenecen a la coalición de Chile Vamos, cercana al alcalde: Héctor Maluenda, independiente RN, y Armando Mondaca, militante del PRI.
Entonces, advierte el DC Jonathan Acuña, otro de los que presentó el requerimiento por notable abandono de deberes, «que durante mucho tiempo se nos ha acusado de una persecución política por llegar a la alcaldía, pero si fuese de esa manera solamente hubiesen sido concejales de la coalición distinta a la del alcalde, quienes hayan presentado este requerimiento. Esto es una acusación transversal, debido a que no hay lineamientos políticos de por medio que traten de justificar esa situación», señaló.
Misma opinión entregó el concejal Armando Mondaca: «Esto no tiene que ver con un tema político, sino que estoy haciendo mi función de fiscalizar al alcalde».
Nunca he perdido la confianza…
Mondaca, que al momento de esta entrevista se encontraba en terreno, fue claro al responder que «todo esto lo hago sin ninguna mala intención. Acá la ley me permite que yo haga fiscalización y la comunidad nos elige para eso, para fiscalizar. He sido una persona que me he preocupado de fiscalizar y no es de ahora, sino que en el año 2014 le pedí al alcalde que me entregara la información del Departamento de Educación. Durante mucho tiempo he tenido esta duda, pues cuando salí concejal, en los primeros concejos que hicimos el alcalde nos informó que la deuda que había en el Departamento de Educación en ese entonces era de 4.500 millones de pesos y nosotros pagamos cerca de 2 mil millones con cursos de las arcas municipales».
No obstante, explica que «nunca he perdido la confianza en el alcalde, y de hecho siempre he aprobado los recursos para que siga creciendo la comuna. Pero él dice que la deuda es por arrastre de la administración de la ex alcaldesa Marta Lobos y creo, en mi opinión, que es la oportunidad para que haga su presentación, porque tiene derecho a defenderse y a presentar todas las pruebas y realmente saber la verdad de dónde nació esta deuda y quién hizo la mala administración: Marta Lobos o Claudio Rentería».
En ese sentido, afirma que «entre más luego se aclare esta situación, mejor para todos. Es más, él siempre ha dicho en sus discursos que tiene todo en orden, que no hay problemas y que la deuda es por la administración anterior. Ahora, si efectivamente demuestra su inocencia, creo que va a quedar en un muy buen pie para las próximas elecciones (pretende ir por un tercer periodo). A pesar de ello, a mí como concejal me corresponde hacer la fiscalización y no lo hago de mala fe. Insisto, si el alcalde aclara toda esta situación en Ovalle y se decide que no tiene culpabilidad, quedará en un excelente pie para lo que viene».
Uno de sus fieros fiscalizadores al interior del concejo es Jonathan Acuña. Aunque feliz no anda, «pues es la comuna la que pierda, su gente», advierte. Y explica que como este requerimiento se presentó el jueves, lo más probable es que dentro de una semana, martes o miércoles, se sepa si el requerimiento resulta ser admisible o no, y de serlo, el juicio puede durar cerca de ocho meses, si es que el tribunal funciona con agilidad.
«Creo que dentro de ese plazo podríamos tener una respuesta de los cargos que presentamos. Lo que pasa que el Tribunal no funciona como uno ordinario, sino que como un tribunal especial y sesiona con jueces de la Corte de Apelaciones», avisa, y argumenta, con todo lo que pasado, que «la tónica que marcan hoy los concejos comunales es que están orientados a la labor fiscalizadora. Porque un concejal empoderado es capaz de decirle al alcalde que hay cosas que no responden a lo moralmente correcto. Acá Contraloría nos dice que como concejo municipal deberíamos aplicar el Artículo 60, letra C de la ley de municipalidades y, por lo tanto, lo correcto es ceñirse estrictamente a lo que señala la ley».
Pero «el que nada hace nada teme…», dijo el alcalde en una entrevista…
«El alcalde está en su legítimo derecho de emitir cualquier opinión sobre la situación. Y lo ha manifestado abiertamente y lo hizo cuando salió a la luz de que existía una persecución política en su contra. Pero tuvo las instancias en Contraloría para presentar pruebas en contra de su respaldo y no se pudieron acreditar. Su abogado ha manifestado que el sistema se cayó durante dos años y que no pudieron rendir esas platas que están perdidas, y de las cuales estamos alegando nosotros. Sin embargo, hay que tener dos dedos de frente para decir que si uno no puede presentar respaldos de una plataforma que al parecer está caída, debe tener el respaldo material y ese respaldo al perecer no está y es el que estamos pidiendo que se esclarezca», finalizó.
Ustedes en el requerimiento presentaron siete cargos…
«Claro, pero el déficit financiero es el más contundente. Es un informe exhaustivo que realiza Contraloría en base a una investigación seria, de poco más de mil páginas y con un déficit financiero hasta el 2015 de 6.800 millones. Por lo tanto, la pregunta es dónde está ese dinero, que se hizo con ese dinero… Nosotros creemos que el alcalde tiene responsabilidad y no ha sabido asumirla probablemente».
¿Puede quedar suspendido de sus labores durante este tiempo?
«La jurisprudencia en este tipo de situaciones nos dice que el alcalde seguirá ejerciendo su labor hasta que exista un primer pronunciamiento. Será facultad del Tribunal Electoral decidir qué sanción, pero nosotros creemos que la más conveniente es la que establece el Artículo 60 letra C, de la ley de municipalidades, que dice que efectivamente hay un notable abandono de deberes y que tiene que caer en la restitución».
