El caso reviste tal gravedad que la Intendencia Regional y el Instituto de Derechos Humanos, en forma separada, presentaron las respectivas querellas contra ambos imputados.
A solicitud del Fiscal Juan González Tobar, la Jueza Titular Ingrid Guevara Reyes, fijó un plazo de 120 días para la investigación y decretó cuatro medidas cautelares para los imputados: Arraigo nacional (prohibición de salir del país), arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse a las dos víctimas y firma semanal en la Fiscalía Local. Los imputados, identificados como
Aiyun Zhang y Linfeng Cheng, madre e hijo respectivamente, fueron representados por el abogado defensor Julio Urra Lorca.
De acuerdo a lo expuesto por el Fiscal Juan González, los imputados facilitaron la entrada ilegal al país de dos ciudadanos chinos identificados como A.H.(mujer) y H.L. (hombre), para que trabajar en su local comercial, ubicado en calle Gabriela Mistral 452, ciudad de Vicuña y denominado «Bazar Chino», sin pagarles la remuneración acordada.
Con tal finalidad, la imputada Aiyun Zhang efectuó las gestiones para que el Consulado de Chile en Beijing les otorgara una visa de turismo simple; visas que fueron autorizadas en base a una carta de invitación de la empresa china HANJING Inversión y Desarrollo Minero S.A., donde supuestamente los dos empleados chinos trabajarían.
Para ello se entregó el domicilio de Matta 288, La Serena, donde funcionaría una empresa ligada a la antes mencionada; cosa que luego se comprobó era falsa.
Los dos empleados llegaron a Chile el 6 de febrero del 2018 y comenzaron a trabajar en el local comercial ubicado en Vicuña, sin que les pagaran lo acordado en China.
En el caso de la víctima femenina A.H. (de 18 años), fue forzada a viajar a Chile porque los imputados exigieron a ella y su familia que les cancelaran todos los gastos que ya habían incurrido para su traslado a nuestro país.
Ya instalada en el local comercial de los imputados, la mujer fue forzada a realizar trabajos en atención de público, ordenamiento de la mercadería y limpieza del local una vez cerrado por las noches, con jornadas intensas todos los días de la semana, sin contar con días libres y con pocos minutos para alimentarse en forma deficiente.
Tampoco recibió remuneración conforme a lo acordado en Chiña, que eran 120.000 yuanes durante tres años, sólo pequeños adelantos para compras menores. Fue obligada a trabajar sin contrato y durante todo el tiempo los imputados le retuvieron su pasaporte.
Y por si fuera poco, la joven china fue alojada en el domicilio de los imputados, donde la mujer imputada le dio malos tratos, consistentes en gritos, zamarreos, tironeos y golpes; e incluso la imputada impedía que las compañeras de trabajo se comunicaran con la víctima.
Este deleznable caso quedó al descubierto cuando una tercera persona (chilena) denunció los hechos a la Inspección del Trabajo y a la Policía.
Sin embargo, las presiones continuaron por parte de los imputados, a pesar que la víctima ya estaba bajo la protección de la Fiscalía de Vicuña, exigiéndole que le cancelara todos los gastos incurridos por traerla a Chile y que la denunciarían a la PDI.
