La senadora Adriana Muñoz dejó de presidir la Comisión de Derechos Humanos en el mes de marzo. Su lugar lo ocupa desde entonces el senador independiente Alejandro Navarro. Fue un año que pasó rápido e intensamente, confiesa, debido a los muchos debates y proyectos por discutir. Pero valió la pena, «ya que se aprobaron proyectos emblemáticos como el Mecanismo Internacional Contra la Tortura, los Pueblos Afrodescendientes, el Pueblo Chango y el Mortinato, iniciativa del Gobierno de Piñera, muy controvertido, y que crea un catastro nacional para facilitar la identificación de los no nacidos para que los padres y madres puedan sepultarlos con sus nombres y apellidos», dice.
Sin embargo, el más complejo, «porque nos llevó casi cinco meses», fue el de la Ley de Identidad de Género.
Admite que fueron largos meses de discusión y nada de fácil, «porque fue un tema bien controvertido, como es el de niños, niñas y jóvenes menores de 14 años que pudiesen hacer un cambio de nombre y de sexo registral, que es el elemento central de la propuesta de este proyecto, que tuvo su origen hace muchos años y que finalmente decidimos en esta Comisión Mixta que me tocó presidir como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. En definitiva pudimos aprobar que los mayores de 18 años puedan hacer el cambio de nombre o sexo registral a nivel administrativo y los menores de 18, hasta los 14, hacer el cambio de nombre y sexo registral, pero a través de un procedimiento judicial, en los tribunales de familia, y con la autorización de los padres», explica.
Y costó, porque las comisiones están compuestas por parlamentarios de todos los sectores políticos, «pero felizmente éramos mayoría los sectores más progresistas. Había integrantes de los sectores más conservadores y, por cierto, fue complejo, pero aún más difícil fue la parte de los derechos, donde se establece el derecho a la Identidad de Género como un derecho humano; establecer que no es una patología, sino que es una condición de la naturaleza».
Para la legisladora PPD, la incorporación de los menores fue un tema difícil de lograr «y tuvimos la derrota de no poder incorporar a los menores de 14 años, ya que no tuvimos el voto en la comisión».
En ese sentido, fue clara en manifestar que no se logró el 100%, pero si un avance muy importante incorporando también a los mayores de 14 años a este cambio del nombre de sexo registral.
«Creo que podemos seguir trabajando por la incorporación de los menores de 14 años, que es una demanda permanente que tienen los padres y madres y varias fundaciones que se han creado para ayudarse entre ellos, para poder entender este proceso que viven sus hijos. Entonces me impacta que no hayamos podido aprobar esa norma, debido a que hemos dejado a muchas familias en una situación de bastante desamparo, visto que no tienen un instrumento legal para saber qué hacer con sus hijos. Por ejemplo, van a la escuela y sufren bullyng porque no saben a qué baño ir y al final, comienzan a llamarse con el nombre social, no con el nombre biológico y en vez de llamarse Pedro, quiso llamarse María y todos le dicen María, pero cuando van al médico le dicen Pedro, ya que es su nombre de pila y el social queda afuera. De verdad que existe una situación bien dramática que viven los padres todos los días con sus hijos, así que fue un tema que de todas maneras quedó pendiente».
No obstante, y pese que no se logró avanzar en ese punto, si reconoce que fue un gallito ganado para los sectores más conservadores.
«Fue un tema de verdad controvertido y yo diría que son esos puntos que hacen crujir la cultura y a muchas convicciones conservadoras. Es que fueron muchas las barreras en el debate, aunque todo el tiempo que invertimos, que fue harto, casi cinco meses, valió la pena. Haber logrado consagrar todos estos derechos para las personas que son trans y que tienen todo el derecho a concretar su identidad de género que ellos han asumido, fue bueno. Y claro, fue un gallito ganado para los más conservadores, una votación mayoritaria, importante en muchos artículos. Fue una clara demostración de que la clase política tiene el deber de sintonizarse con los cambios que está impulsando la ciudadanía».
Caso guaguas perdidas
Si bien hoy es el senador Navarro quien presidirá la comisión, la senadora asume que aún hay cosas por hacer. Una de ellas es presionar al Gobierno por el tema de las guaguas usurpadas, mayoritariamente en tiempos de dictadura, y que la región no es la excepción. Conoce a la Agrupación Madres e Hijos se Buscan y, por lo mismo, advierte que «se requiere de mucho apoyo político, ya que no hay mucha voluntad de avanzar en esto».
Recalca que «conocí la actividad desde cuando se iniciaron. Alicia Acuña, su presidenta –su madre busca a su hijo perdido desde el hospital de La Serena en 1977-, me invitó a una reunión, pero de ahí no hemos vuelto a hablar. Así que quiero tener contacto con ellas y respaldar su gestión y acompañarlas con todos los instrumentos legales que podamos ejercer desde la Comisión de Derechos Humanos e invitarlas a la comisión. Ya no soy la presidenta, pero perfectamente podríamos hacer una acción visible en el Senado para poder darle una mayor visibilidad a su trabajo, a la decisión de buscar hasta las últimas consecuencias a sus familiares».
Ex presos políticos
Poco después de asumir como ministro de Justicia y Derechos Humanos en marzo de 2018, Hernán Larraín tomó una medida que tensionó la relación con el mundo de los derechos humanos: retiró el proyecto de ley presentado al final del Gobierno de Michelle Bachelet, que les otorgaba a los ex presos políticos un bono de 3 millones de pesos a cada uno como medida complementaria de reparación.
Hoy, la situación está en punto cero y las organizaciones intentan reactivar de alguna forma que se tramite algún beneficio, tal como lo aclara la senadora. «Se había presentado un proyecto de ley durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet para darles una compensación de tres millones, un bono compensatorio por varias situaciones que habían sucedido, pero eso fue quitado en el inicio del Gobierno de Sebastián Piñera, entonces eso fue el primer traspié.
Pero con las organizaciones de exonerados hemos estado estudiando qué aspectos se pueden mejorar, pues tienen todos unas pensiones miserables, de cien mil pesos y un poco más, y ellos han querido ser parte, por ejemplo, del pilar solidario para ir mejorando las pensiones, lo que tampoco ha sido posible. Por lo mismo, hay varios factores que hemos ido trabajando con ellos para poder resolver la situación».
