Cuatro prófugos de la justicia con orden pendiente del Juzgado de Garantía de Ovalle han sido capturados por las policías de la provincia del Limarí, gracias al trabajo coordinado con el tribunal que desde mediados de abril inició una serie de acciones judiciales destinadas a dar cumplimiento a las sentencias.
En el trabajo se relacionan jueces, administrador, unidad de causa y unidad de cumplimiento del juzgado, esta última dirigida a fortalecer el enlace con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
«Este no es un trabajo nuevo para nosotros, sin embargo ahora lo hemos fortalecido con las policías que realizan labores de inteligencia a través de la creación de equipos especiales para actuar sobre prófugos de la justicia que no han cumplido con sus condenas y que mantienen órdenes de detención vigente por esta razón», señala Víctor Hugo Barrios, administrador del tribunal.
En este sentido, se actúa desde dos perspectivas, la recolección de información y la orden de detención, realizada por el tribunal y posteriormente en acciones de captura de los fugitivos.
«Nuestro objetivo son imputados que están condenados a penas altas en calidad de fugados y su búsqueda requiere de un operativo intenso, para que dé resultado hay que hacer coordinaciones permanentes, revisar nuestros procesos, algo que necesariamente debemos hacer los juzgados de garantía, porque por ley se nos encarga esta labor», explica al respecto el magistrado del Juzgado de Garantía, Darío Díaz.
El trabajo coordinado con las policías se ha fortalecido con reuniones periódicas que dan cuenta de los avances y dificultades, así como la comunicación permanente entre las instituciones.
«Agradecemos el respaldo que el tribunal otorga a nuestra institución para desarrollar estas acciones, que van en beneficio de la ciudadanía y nos permiten cumplir con nuestra misión de garantizar el orden y la seguridad pública», indicó el prefecto de PDI de La Serena, José Carrasco.
Los operativos han sido de alta relevancia en la provincia del Limarí, con una valoración positiva por parte de la ciudadanía, que puede apreciar la labor que realizan los tribunales con competencia penal, no solamente en dictar sentencia, sino también en dar cumplimiento a la ejecución de las condenas.
