Hasta antes de 2017 este hogar se llamaba Hogar André Jarlán, en homenaje al sacerdote francés defensor de los pobladores de la población La Victoria, en Santiago.
Un ex trabajador explica que piensa entablar una querella debido a la manera en que fue desvinculado, pide no publicar su nombre.
«Yo no quiero condenar a nadie, pero vi muchas cosas en cuanto a negligencia en programas, donde no existía un método de trabajo, a pesar de que existía un profesor de Educación Física, un psicopedagogo, profesores básicos… Se habla mucho de un equipo multidisciplinario, pero lo único que hacen es ver que los niños coman, se bañen y no hagan tonteras», revela.
Agrega que «cuando llegué al hogar había una buena recepción, que no vi cuando hubo cambio de directora.
Recuerda que llegando a la residencia un día domingo, caminando por la sala de cine, «veo a un niño que estaba tratando de empezar a cometer abuso sexual contra una menor. Ese niño -de casi 16 años- tiene antecedentes de varios hogares distintos a lo largo de todo Chile».
Pero, «al otro día se me acusó de haber actuado negligentemente, que no tenía las competencias, y se me desvinculó».
Otra activista de esta agrupación, quien también pide resguardar su identidad -por el momento- comenta que «del hogar no tengo nada qué decir, porque la municipalidad de Coquimbo claramente ha proporcionado medios y recursos, pero el problema está en la administración del Sename. Si recién en el semestre pasado, sabiendo de todo esto, habilitó una residencia con cupos limitados para casos con atención psiquiátrica, para estos casos extremos, donde tenemos un niño que no le da para estar dentro de los infractores de ley por tener esquizofrenia».
Hacen ver que hay negligencia, donde uno ve que no se genera la oferta programática que tienen que producir para que el tema funcione bien. Incluso este menor seguramente fue un niño que por algo llega a ese cuadro y más encima, permiten que dentro del hogar adquiera cómplices, que son los que ejercen este acto de brutalidad sobre esa niñita».
Sostiene Kimbelen que «los niños tienen muchos cuidadores de trato directo, así que nada que decir en ese aspecto, pero cuando tenemos bombas de tiempo y cuando tienes esas responsabilidades de no juntar esas bombas de tiempo con niños que son particular y sensiblemente incapaces de defenderse, tenemos responsabilidades de tipo más allá de la ética. No puede ser que los hogares del Sename sean para restituir los derechos de los niños y resulta que adentro se vulneran mil veces más».
Insiste Figueroa que si bien el municipio cumple en estos momentos con la alimentación y quizás con el cuidado, «se apunta a la responsabilidad del Juzgado de Familia que envía a una persona con antecedentes legales a un hogar en donde también el Juzgado de Familia de Coquimbo permite el ingreso de este joven, que vulnera los derechos de esta niñita. Es que cuando dirime el Juzgado de Familia lo hace en concordancia de lo que le dice la gente de Sename, pese a que dentro del hogar les dijeron hasta el cansancio que no estaban capacitados para recibir a este menor y que debía estar en un centro de atención especializado, internado…».
