El abogado, en junio de este año, finalizó sus funciones como presidente del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, y que fuera el último en conformarse de esta justicia especializada. Daniel Guevara se hizo conocido en el mundo jurídico por ser el juez a cargo del caso de minera Dominga, el más emblemático que ha llevado esa sede hasta ahora.
Luego de salir del Tribunal Ambiental, Guevara se dedica a la docencia en la Universidad de Antofagasta, en la facultad de Derecho, y se desempeña en el magister como profesor de mercados eléctricos y regulaciones, y además es docente en la Universidad Católica de Valparaíso, en donde enseña sobre minería, medio ambiente y desarrollo, «lo que me ha correspondido en estos más de 20 años de profesión de abogado, es mirar el ejercicio profesional desde la academia y la actividad judicial, y participar en proyectos de desarrollo, y por tal motivo entender los impactos que las sentencias judiciales tienen en el desarrollo de la actividad de carácter económico», señaló en entrevista con LA REGIÓN.
Consultado por el fallo del máximo tribunal del país por el proyecto Dominga, Guevara comentó que «no es ningún secreto que la Corte Suprema tenía una posición muy adversa a que se crearan tribunales ambientales, incluso en el informe dentro del proceso legislativo, cuando era presidente el ministro Milton Juica, hubo una posición muy contraria a que se crearan los tribunales, especialmente porque se sugería como vía de solución que los tribunales especializados formaran parte integrante del Poder Judicial, como son los tribunales del trabajo, garantía o familia».
«Sin embargo, esta sentencia que se acaba de dictar por la Corte Suprema demuestra que esta superintendencia directiva, correccional y económica es muy fuerte, que además por la vía de los recursos permite que la Corte Suprema pueda instruir lineamientos de acción para los tribunales ambientales, y en este caso fue muy potente, porque empodera al tribunal ambiental y le dice que no solamente tiene que extenderse a un análisis del mérito administrativo, sino que también al mérito técnico, que es la línea de navegación», complemento el abogado.
Para Guevara el fallo representa una posición innovadora de la Corte Suprema, «porque mueve el cerco, ya que los tribunales ambientales a contar de esta sentencia van a sentirse con más seguridad para revisar los aspectos técnicos y científicos de fondo del proyecto, que estaba reversado al Servicio de Evaluación Ambiental y los servicios públicos».
¿Que podría pasar en el Tribunal Ambiental?
«Si bien no se aprueba ni se rechaza, hay un escenario abierto, primero es que uno de los aspectos que logramos identificar en nuestra sentencia como tribunal especializado, fue que en Chile, y esto es una cosa absurda con más de 4 mil kilómetros de costas y con más 100 puertos, no tenemos una guía trámite para identificar o construir la línea base marítima y establecer con precisión demás situaciones complejas, como cuando la línea de navegación pasa entremedio de zonas que son reservas de la naturaleza, como con la reserva natural del Pingüino de Humboldt», comenzó explicando Guevara.
Este escenario a juicio del abogado ocasiona una situación delicada, porque genera una incertidumbre para el desarrollo de proyectos en el país, «ya que uno no puede entender que proyectos como Cruz Grande se aprueben, fue a la Corte Suprema, pero señaló que cumple con el ordenamiento jurídico chileno, y a otro proyecto, que si bien no es calcado, pero la línea de navegación es muy similar, se le indica que no cumple con el ordenamiento jurídico. Eso genera un elevado nivel de incertidumbre, que regularmente lo que se espera para dar certeza es que la administración del Estado tenga una clarificación de cómo se debe construir esa línea de base de medio marítimo».
«El escenario es que el Tribunal Ambiental lo que va a tener que calificar es la suficiencia de los antecedentes presentados por la empresa en el estudio de impacto ambiental, que ya fueron calificados como suficientes o favorables por el informe consolidado de evaluación, que es realizado por el Servicio de Evaluación Ambiental con todos los servicios públicos», puntualizó Guevara.
¿Podría volver Dominga a la Corte Suprema?
Consultado si en algún escenario, el máximo tribunal del país podría revisar de nuevo la iniciativa, Guevara explicó que «claro, fue devuelto por la Corte Suprema al Tribunal Ambiental y que es lo que cualquier litigante que no tenga un resultado favorable en el Tribunal Ambiental podrá hacer… y es ir a la Corte Suprema y decirle que hicieron las revisiones y se pronunció en tal sentido, aprobando o rechazando, en ese caso se le pregunta a la Suprema que debería ocurrir».
«En este tema hay una responsabilidad enorme de las instituciones del Estado en evitar la circularidad judicial (…), porque si no será una historia de nunca acabar», puntualizó.
