El fiscal Claudio Correa, jefe del Ministerio Público en Coquimbo, está a cargo de la causa referida al homicidio de un estudiante del Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta, de Guayacán, a manos de un compañero a la salida del colegio.
Los medios de prueba presentados, dice el persecutor, permiten comprobar la participación de D.A.L.R. en el homicidio.
Con la presentación de pruebas de la defensa y de la fiscalía, ayer prosiguió el juicio oral en contra de D.A.L.R., de 16 años, imputado del homicidio de su compañero de establecimiento Sebastián Rojas Moraga, de 15 años. Esto ocurrió el 18 de abril pasado, durante una riña entre ambos. El mismo imputado reconoció haber agredido ese día a la víctima.
D.A.L.R., quien cursaba primero medio, era cercano a Sebastián Rojas. En la mañana de ese 18 abril, en el primer bloque de clases de la mañana, tuvieron una fuerte disputa al interior del establecimiento, la que se retomó a la salidad de clases con las consecuencias ya anotadas.
Ambos llegaron al pasaje Juan Pablo II, cercano al liceo y al lado de la Iglesia, a las 13:00 horas. Estaban en el lugar otros alumnos, hoy testigos del Ministerio Público. La víctima recibió una herida mortal en el tórax.
Los magistrados orales Iván Corona, Nury Benavides y Carlos Manque, programaron para hoy miércoles los alegatos de clausura que darán paso a la comunicación de sentencia de absolución o de culpabilidad del acusado.
«Tenemos testigos que estuvieron presentes en la riña, que son los propios alumnos del establecimiento, todos los que fueron contestes en identificar al autor del ilícito, que propinó una estocada certera en la zona torácica, que finalmente le causa la muerte a la víctima, y en ese orden de ideas ya rendimos toda la prueba para acreditar la participación y la ocurrencia del homicidio, que partió por un incidente menor entre la víctima y el imputado, de lo que también dieron cuenta los testigos y el propio acusado, como tantas veces ocurre durante la convivencia entre escolares, y lo que sucede es que ambos se ponen de acuerdo para resolver sus diferencias con una pelea, que se suponía que sería a mano limpia, fuera de clases, contexto en el que el imputado extrae un arma blanca con la que, como dije, asestó la estocada a la víctima que termina falleciendo», nos dijo el fiscal Correa.
Respecto a la pena solicitada, informó que «estamos pidiendo la pena máxima que establece la ley para un menor de edad, que son 10 años de reclusión en régimen cerrado».
Agrega que si bien la defensa de D.A.L.R. argumentó como atenuante principal una irreprochable conducta anterior, no la posee, «la defensa discute que primero habría una colaboración sustancial, argumentando que el imputado procedió a entregarse voluntariamente a funcionarios policiales, y que contaría con irreprochable conducta anterior, cosa que rebatimos, ya que él fue sancionado con una condena posterior a esta causa, pero esa condena da cuenta de un robo en el que participó antes de la ocurrencia de los hechos que son materia de juicio, que es una situación jurídica que hemos planteado y sostendremos ante el Tribunal», señaló finalmente el persecutor.