El presidente de la Corte de Apelaciones aseguró que a «Carabineros se le dio la orden de que se abstuviera de usar elementos peligrosos», y respecto a las detenciones en lo que va de estallido social, el magistrado del Juzgado de Garantía de La Serena, Alain Maldonado, dijo que en la región «se ha incrementado casi en un 33% el número de detenidos».
Todo comenzó el 18 de octubre. A la fecha, y solamente en la región, dos son las personas fallecidas, varias querellas y denuncias interpuestas por el INDH, cientos de detenidos y destrozos millonarios, principalmente en las comunas de La Serena y Coquimbo.
Por lo mismo, y en el día 48 de las manifestaciones, el presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Pedro Shertzer, junto al magistrado del Juzgado de Garantía de La Serena, Alain Maldonado, explicaron el trabajo que hasta el momento están desarrollando los tribunales de justicia frente al estallido social.
Tienen sobrecarga
«Y existe una sobrecarga», afirman ambos. No obstante, son claros en señalar que «los jueces que estamos en Coquimbo (3) y La Serena (4) somos experimentados, y la sobrecarga es posible llevarla sin ningún inconveniente, así que el servicio judicial o el derecho a las personas no ha sido de ninguna manera disminuido», sostuvo Maldonado.
Más detenidos
La gente comenzó a protestar. Crecieron las movilizaciones, las demandas económicas y sociales. Pero también ha crecido el número de personas detenidas.
En la comuna puerto, por ejemplo, el incremento de detenidos fue mayor en los primeros días, y en La Serena, cuenta el juez, «el número no ha sido tan explosivo, aunque sí ha habido un aumento sostenido de los detenidos que ha presentado la Fiscalía.
En ese sentido, comenta que «el número de detenidos de la Fiscalía, según lo que indicaba el Ministerio Público, ha sido mayor, y solamente durante este periodo han sido arrestadas más de 1.500 personas. Sin embargo, la cantidad que menciono es la que se ha presentado ante el tribunal, y para explicar eso hay que decir que la policía tiene la facultad para proceder a detener y la Fiscalía tiene la facultad para decidir a quienes pasarán a control de detención y a quienes no».
Reconoce el magistrado que el delito que ha bajado es el de hurto simple, y los que han aumentado son los robos en lugar no habitado, «que es la imputación que generalmente las fiscalías le han hecho a las personas cuando han intentado saquear centros comerciales en horas de no funcionamiento, porque cuando me apropio de una especie en un lugar que está funcionando y lo hago sin ninguna fuerza, cometo hurto, pero cuando lo hago en horario cerrado de funcionamiento, es un robo en lugar no habitado, y esas cifras son las que han aumentado sustancialmente. Por ejemplo, en el caso de Coquimbo hay 221 detenidos y en La Serena cerca de 200».
Además, detalla que «el número total de personas en prisión preventiva en La Serena son 39, y de esa cantidad los que están relacionados con desordenes públicos (receptaciones, saqueos…) son 20», afirma.
Respecto a los casos de los dos jóvenes muertos, tanto en Coquimbo como en La Serena, en los primeros días de protestas y cuando el país estaba en estado de sitio, precisó que «en Coquimbo la persona está privada de libertad, y ese caso es visible y uno puede ver que existe un imputado que tendrá que defenderse para determinar que no es responsable, pero en el caso de La Serena, la Fiscalía no ha presentado a una persona determinada a quien hacer responsable del delito, y mientras eso no se haga el tribunal de garantía no va a tener ninguna injerencia».
En contra de Carabineros
En la Corte de Apelaciones, que es el tribunal máximo de una región, «y que yo presido», asiente Pedro Shertzer, hay dos acciones importantísimas que resguardan los derechos y garantías de las personas: El recurso de amparo y el de protección.
A la fecha se han deducido 16 recursos de amparo, dos de ellos en contra del Presidente Piñera «por haber decretado el Estado de Emergencia, pero que fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago por no avenirse la situación al recurso de amparo», añade.
Respecto a la situación del toque de queda, aseguró que «en esta corte se interpusieron 11 recursos de amparo en contra del general de brigada Jorge Morales en su calidad de jefe de defensa nacional. Y de esos recursos, diez fueron rechazados por falta de oportunidad, porque al tiempo en que se interpusieron estos recursos ya había cesado esta medida del toque de queda, mientras que dos fueron apelados a la Corte Suprema y fueron confirmados por la misma».
En lo que refiere al recurso de protección, revela que «se han deducido siete recursos, dos de ellos en contra del general Morales, basados en que no tenía facultades para haber decretado del toque de queda. Uno de ellos fue acogido por una de las salas de esta corte y se encuentra apelado por el Consejo de Defensa del Estado ante la Corte Suprema, y el otro fue rechazado por otra sala de esta corte por haber perdido oportunidad, debido a que al tiempo de poner recurso de protección ya había quedado son efecto el toque de queda».
En este punto, indica que «varios se interpusieron en contra de Carabineros y del Ministerio del Interior por el uso indiscriminado de fuerza, el uso de balines y otros elementos que han provocado daño físico a la población, lo que originó que se diera una orden de no innovar -esos recursos aún no están resueltos- en el sentido de que se le ordenó a Carabineros que se abstuviera en las manifestaciones de usar cualquier medio de represión (salvo en situaciones extremas) respecto de las personas que protestan pacíficamente, limitando el uso de gases o cualquier otro método o procedimiento que afecte la integridad física de las personas. Acá el Presidente debe resguardar el orden público y las dos fuerzas destinadas para hacerlo por la Constitución y las leyes, son Carabineros e Investigaciones, y ellos tienen los medios, de acuerdo a los protocolos, para mantener el orden público, pero no deben actuar de manera indiscriminada. Y la labor fundamental de nosotros, y se ha dicho desde el primer momento, es resguardar los derechos y garantías de todas las personas».
Insiste el presidente de la Corte de Apelaciones que «se han interpuesto recursos de protección y de amparo precisamente por los daños que han sufrido algunas personas, y si bien aún no hemos decidido el fondo del asunto, sí se le dio la orden a Carabineros que se abstuviera de usar elementos peligrosos -salvo en situaciones extremas- y si los siguen utilizando sería un acto ilegal…».
