El 5 junio de 2019, en un concejo municipal, dirigentes de la junta de vecinos Nueva Amistad, de la población San Juan, junto al concejal Guido Hernández, culparon a anteriores dirigentes vecinales de falsificación de firmas y apropiación indebida de 14 millones de pesos, dineros que habían sido ganados en un proyecto de gobierno.
Gino Morales, entonces presidente, junto a Vicente Muñoz, su socio, fueron cuestionados y apuntados como estafadores, y reconocen que desde entonces lo han pasado mal.
Explica que ese día, «que bien recuerdo», se aplicó el delito de injurias graves hechas por escrito y con publicidad, «porque había medios de comunicación para dar a conocer la supuesta estafa por cerca de 14 millones de pesos».
La querella fue presentada el miércoles, declarada admisible y con fecha de audiencia, el 11 de febrero a las 08:30 horas en el Juzgado de Garantía de Coquimbo.
«Creemos que detrás de esto, incluso, existe una persecución personal. Claro, pues Gino Morales es dueño y director del medio de comunicación Región4, en donde se hicieron algunas denuncias en contra del concejal por su gestión, por tanto creemos que de ahí proviene su persecución», precisa.
Vicente Muñoz, por su parte, aclara que «si revisas el acta del concejo de ese día se nos acusa directamente y no de un ‘posible robo de fondos’, sino que se nos trata derechamente de estafadores. Yo no soy vecino de ese lugar, menos dirigente, y culparon a Gino de quedarse con los 14 millones de pesos y a mí, porque supuestamente había falsificado las firmas».
Ambos saben que no será un trámite menor, y que puede pasar un tiempo largo para que se cumpla lo que están pidiendo, principalmente «disculpas públicas y si es necesario tres veces, como lo establece la ley».
Muñoz dice que en su caso, como director y dueño de Región4, «esta situación nos afectó muchísimo en lo económico, porque cada vez que íbamos a recibir un auspiciador teníamos que dar tremendas explicaciones por lo que había salido en los medios de comunicación, así que por eso presentamos la querella como corresponde, debido a que también queremos limpiar nuestra imagen, y si además debemos pedir que se indemnice a nuestro medio, lo haremos».
Respecto a la presunta estafa, Morales advierte que «tuve que entregar una carta con la copia de la libreta actualizada del banco, en donde no se había retirado ningún dinero, entregando todas las pruebas, así que la querella va por injurias, e incluso estamos pidiendo que se le aplique tres años de reclusión en su grado medio y la multa de hasta 20 UTM».
El concejal Hernández todavía no es notificado oficialmente, pero sabía que esto podía ocurrir. Y está tranquilo, aunque reconoce que «sé que estos temas son complejos y no todos los que estamos en lo público nos interesa muchas veces involucrarnos, pero soy de esas personas que cuando se cometen injusticias, a pesar de lo que uno se arriesga, como esta vendetta, hay que hacer lo necesario para que predomine el bien el común».
Respecto a Morales, Muñoz y la querella, consideró el concejal RN que «es un grito de ahogados, pensando que fueron dejados en evidencia por los vecinos, y que lo importante en este caso es que las instituciones funcionan. Pero, sabe, les haría un llamado a que sean cuidadosos con el uso del ministerio público, que está preocupado de cosas más importantes que en vez de estar perdiendo recursos en querellas que son voladores de luces».
