Reasignaciones del gobierno por 2 mil millones de dólares a nivel nacional, incluyen
a 196 reparticiones del Estado, que entre otras cosas contempla la no contratación de nuevo personal y cancelación de reemplazos, lo que según la ANEF afectará a los programas.
El segundo paquete económico presentado por el Ejecutivo para hacer frente al Covid-19 considera que unos 2 mil millones de dólares serán financiados «con recortes y una reasignación significativa del presupuesto público», y la única cartera no sujeta a estas medidas es la de Salud.
El instructivo que envió el Ministerio de Hacienda a 196 reparticiones del Estado, entre las que destacan todos los ministerios -salvo el de Salud-, las subsecretarías, gobiernos regionales, servicios varios, Gendarmería, Carabineros, superintendencias, entre otros, se establecen 16 «instrucciones de austeridad y eficiencia en la utilización de los recursos públicos a los servicios y empresas públicas», por la emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Dentro de las medidas, se prohíben nuevas contrataciones, no habrá aumentos de sueldos, se cancelan los reemplazos, entre otros puntos.
Precisamente en este punto es que Clara Olivares, presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), cuenta que hubo una buena coordinación con el Gobierno Regional para adoptar medidas para la contingencia entre los funcionarios públicos, despachando a los trabajadores en grupo de riesgo, y delimitando e higienizando áreas.
Sin embargo, la directiva de la ANEF ha monitoreado semanalmente, mediante videoconferencias, no solo el estado de salud de los funcionarios, sino una eventual amenaza que el Covid-19 también termine con el trabajo de los empleados públicos.
Desde el gremio advierten que han observado recortes en programas que afectarán la empleabilidad del sector, en el listado estarían aquellos relacionados con aquellos programas de «Salud Mental» de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el programa, «4 a 7» que administra el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) y otros que requieren a profesores de educación física que contrata y fomenta el Instituto Nacional del Deporte (IND).
«Esos monitores se van a quedar sin trabajo. Es decir que no están atacando a la planta, pero si a los más precarios del Estado, que son los trabajadores a honorarios que trabajan en programas que van en directo beneficio de los más necesitados», sostiene Olivares.
El programa «4 a 7», uno de los afectados, tiene como objetivo contribuir al acceso, permanencia y mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres entre 18 y 65 años de edad, preferentemente jefas de hogar y que pertenecen a los quintiles de ingreso autónomo I, II y III, a través de la generación de espacios de cuidado corresponsable para los niños y niñas a su cargo.
Para Olivares es absurdo que a los funcionarios públicos se mantenga el traspaso viáticos, hoteles y reservas (vehículos). Asimismo crítica que no han invertido lo suficiente en plataformas virtuales, por ejemplo en el caso de Fosis, que podría crear ferias virtuales, tiendas en línea, entre otras. «Pero el Estado parece que está en otra, apoyando a las grandes empresas, y nos obligan a seguir cotizando en las AFP», señala.
Y agrega que «se palpa la injusticia con bonos de $ 50 mil pesos, sin ajustar la carga tributaria a las grandes fortunas. No les pedimos que dejen de ganar, sino que ganen menos. Que permitan retirar fondos de la AFP, porque esa es plata que ya se perdió».
