Agrupaciones ambientales, reunidas bajo Alianza Humboldt, acudieron a la Contraloría para que se pronuncie por el voto político del Consejo Regional
al proyecto minero portuario Dominga.
Los coletazos por el apoyo político del Consejo Regional de Coquimbo al proyecto minero portuario Dominga continúan, ya que este miércoles integrantes del colectivo ambientalista Alianza Humboldt acudieron a Contraloría para consultar por las atribuciones del cuerpo colegiado para hacer este tipo de declaraciones.
Diego Beecher, representante de la Alianza Humboldt de Atacama y Coquimbo, explica que acudieron para poder conocer las reales atribuciones que tiene el Consejo Regional por el abierto apoyo a Dominga, «esa responsabilidad es del Servicio de Evaluación Ambiental», sostiene.
Y agrega que «la Contraloría General de la República, el 21 de abril, determinó que no se podría recibir de parte de municipios o gobiernos regionales, el aporte o donaciones de particulares vinculantes a proyectos que estén presentándose al Servicio de Evaluación Ambiental. La idea es fiscalizar que esto se esté llevando a la práctica».
«Es vergonzoso que tomen esta postura sabiendo el contexto social en el cual nos encontramos, y principalmente porque el proyecto se encuentra rotundamente rechazado en dos instancias… le están dando más atribuciones a este proyecto sabiendo que está rechazado», puntualiza.
En el documento entregado al ente regulador, señalan que el proyecto minero portuario Dominga, de Andes Iron, no cuenta con Resolución de Calificación Ambiental favorable. Este fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, según consta en la Resolución Exenta del 14 de marzo del 2017, que «Califica Desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Dominga». Calificación Desfavorable ratificada posteriormente en el mes de agosto del mismo año por el Comité de Ministros, en respuesta al recurso de reclamación presentado por la empresa minera.
«Actualmente, luego de varias instancias de reclamación, se encuentra por segunda vez en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, para conocer y resolver el fondo de la causa, según sentencia rol 12.907-2018 de la Corte Suprema de reemplazo». agregan.
En cuanto a las competencias del Consejo Regional, la carta cita a la Ley 19.175 de los Gobiernos Regionales, y detalla que en el artículo 19, letra c, señala que «determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen en conformidad a la normativa aplicable; le corresponde a este organismo pronunciarse sobre la pertinencia del proyecto indicado en los plazos e instancias que establece la Ley 19.300, es decir, durante el proceso de evaluación que coordina el Servicio de Evaluación Ambiental. El que finalizó el 9 de marzo del 2017 con la firma de la RCA».
Por su parte, Nancy Duman, vocera de Sphenisco, enfatiza en que «es inconcebible que un organismo del Estado, como lo es el Core del gobierno regional, entre en contradicción con otro organismo público que está a cargo de la evaluación de impacto ambiental y, por otra parte, tenemos a tribunales ambientales que en estos momentos están analizando la documentación del proyecto Dominga, con los temas de fondo, de acuerdo a lo que ordenó la Corte Suprema».
