Un nuevo capítulo del caso Municipio de Coquimbo, desarrollado por la Contraloría, que auditó gastos desde 2017 al 2019, se escribió este martes 6 de abril, cuando el ente contralor envió a la procuraduría de La Serena el citado informe, a la vez que se señala que concluida la etapa de descargos de la entidad auditada, la respuesta no permite subsanar alguna de las observaciones establecidas en el trabajo.
Mediante un oficio firmado por Mariana Valenzuela, quien es la abogada jefe de la División de Defensa Estatal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se confirma que el informe realizado por Contraloría a la gestión municipal de Coquimbo, en donde se establece un déficit de más de 24 mil millones de pesos y sobresueldos, entre otras irregularidades, fue derivado a la oficina del CDE de La Serena para su análisis.
Hace unas semanas atrás se había filtrado el preinforme N°9 de la Contraloría General de República, en donde se evidenciaba una serie de irregularidades en la gestión de la municipalidad de Coquimbo, episodio bautizado como el «Pirata Gate», en donde algunas observaciones lograron ser subsanadas pero otras tantas no, información que se desprende del informe final de la entidad controladora, que sí es de conocimiento público.
En dicho informe, de 327 páginas, se confirmó un déficit superior a los 24 mil millones de pesos (originalmente eran más de 25 mil millones) en el Municipio de Coquimbo y se dio la orden de realizar diversos sumarios administrativos por otra serie de irregularidades.
En base al informe final de la Contraloría, el municipio enfrentará un juicio de cuentas por un monto de $ 58 millones. La cifra se desgrana en pagos que no correspondían por la contratación de un médico que atendía solo a funcionarios del municipio, además de tres supuestos almuerzos protocolares por más de $ 1 millón y adquisición de tarjetas de Navidad.
Además, se desprende que se deberá hacer el reintegro de una supuesta capacitación a mil profesores de colegios desmunicipalizados, en donde se pagaron $ 6 millones 300 mil, pero cuando la Contraloría revisó fotografías del evento, se encontró con la sorpresa que había una orquesta sobre un escenario y asistentes de pie.
Uno los puntos más llamativos del informe dice relación a que Juan Carlos Rojas, actual jefe de gabinete del alcalde Marcelo Pereira y comisario de la Pampilla; Matías Rosello, funcionario asociado a programas sociales; y Rodrigo Carrasco, presunto responsable en el caso de robo de combustibles en el municipio, deberán devolver entre todos más de 24 millones de pesos por mantener una doble contratación con la municipalidad.
Juan Carlos Rojas también enfrentará un sumario, porque en el marco del supuesto trabajo que realizaba en programas comunitarios, entregaba informes similares unos de otros para justificar las supuestas labores desempeñadas, por boletas de más de 1,8 millones de pesos.
Por otra parte, se verificó que el 33% del total de funcionarios que componen la dotación de la gestión municipal de Coquimbo, desempeñándose en calidad jurídica de planta o contrata, mantuvieron, a su vez, un contrato a honorarios imputado en el subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, implicando para ese municipio, durante el año 2019, un desembolso superior a los $ 1.500 millones de pesos.
Entre otras observaciones que se mantuvieron y que la Municipalidad de Coquimbo deberá resolver en plazos de 60 días, está la negativa de la unidad jurídica de entregar información sobre 19 sumarios que se tramitan desde 2019.
Antecedentes derivados al Consejo de Defensa del Estado
Una vez conocido el informe final de Contraloría, mediante un oficio firmado por la abogada jefa de la División de Defensa Estatal del Consejo de Defensa del Estado, Mariana Valenzuela, se desprende que los antecedentes fueron remitidos a la oficina de La Serena del CDE para su correspondiente análisis.
LA REGIÓN pidió más antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Municipio: Ningún
hecho que reviste
carácter de delito
Desde el Municipio de Coquimbo, frente al informe final N°9/2021 emitido por Contraloría Regional, habían dado a conocer que este último no da cuenta ni se refiere a la existencia de hechos de corrupción ni falta a la probidad administrativa por parte de funcionarios, ni menos del alcalde Marcelo Pereira, no existiendo ningún hecho que revista el carácter de delito.
Por lo que insisten en el llamado a no utilizar la institución para fines electorales, privilegiando la competencia para liderarla en propuestas e ideas que vayan en la dirección de lo que la comuna necesita, por sobre otras estrategias que solo confunden a la población.
