Este martes llegó hasta Ovalle la familia biológica del pequeño asesinado en Punitaqui, presuntamente por su madrastra. Vinieron a hablar con la TV y medios locales. Además dicen haber contactado un abogado que estudia una arremetida para quedarse con la tutela del hermano menor, que actualmente está bajo el cuidado de la pareja de la imputada.
LA REGIÓN contactó a dos ex trabajadores del hogar donde estuvo el niño. «Me parece que el Sename no hizo seguimiento a una persona que en un momento determinado haya reaccionado tan brutalmente», dijo el ex administrador del hogar Mi Familia.
El macabro crimen que conmociona a la región de Coquimbo por estos días suma un nuevo capítulo. Claudia Briones, madre biológica de Marco Antonio, menor presuntamente asesinado a golpes por su madrastra en Punitaqui, estuvo este martes en la ciudad de Ovalle para realizar una serie de entrevistas a medios locales. «Quiero que todos sepan que a mi niño lo mató una desquiciada y que actualmente Fernandito, mi otro hijo, corre peligro en esa casa».
Junto a su madre, su padrastro y su hermano, vinieron a la zona desde Llay-Llay sólo a hablar con la prensa, pero asegura que toda su familia está convencida en obtener en un futuro próximo la custodia del menor.
«Nos conseguimos un abogado que nos va ayudar a realizar los trámites para llevarme a mi niño, en eso nos estamos moviendo y por eso queremos que salga en la televisión, que Chile entero sepa que el Sename es una mierda».
En la edición de ayer (martes) LA REGIÓN evidenció el estado de vulnerabilidad en que estaban Marco Antonio y su hermano antes de ingresar al hogar de menores. En la provincia de San Felipe vivían en una casa con padres adictos a la pasta base y donde la madre era obligada a prostituirse por su pareja.
La otra parte de la historia es la que vive la familia del esposo de la imputada. Yerko Campusano, padre adoptivo de Marco, trabaja en una faena minera y a la hora de los hechos se dirigía en bus rumbo a Calama. Actualmente está en su casa, en el sector Canchas de Higuerita. Él, junto a Isabel Herrera, su madre, están al cuidado de Fernandito.
A UNA SEMANA DEL CRIMEN
Esta gente confía en que la justicia dejará al menor en Punitaqui, y es que argumentan que la familia biológica perdió todo derecho sobre los niños el día que los abandonaron.
«Ellos no pueden decir que Fernandito corre peligro con nosotros. Ni yo, ni mi hijo somos responsables de lo que pudo haber hecho ella (imputada), yo condeno absolutamente lo sucedido, ese día se murió Marco y se murió una hija, porque yo la quería como tal», mencionó la abuela adoptiva.
La señora Isabel dice estar al tanto de los movimientos que ha realizado la familia biológica. «Tengo que ser yo quien lo cuide, ya que Yerko volverá a trabajar y va necesitar cuidado y yo se lo voy a entregar».
En esa línea, también es enfática en señalar que el hecho la extrañó mucho, puesto que Javiera no acostumbraba a pegarles a los niños. «Cómo se te ocurre, si ellos adoptaron porque lo sentían de corazón, ellos no podían tener hijos propios, jamás hubo episodios así. Ellos pasaron todas las pruebas sicológicas para poder adoptar, no es simple el proceso que hace el Sename», finalizó.
«SENAME SE DEBE ACABAR»
La familia llegó a la zona para denunciar por televisión lo ocurrido en Punitaqui. Fabiola Flores, educadora que atendió a Marco en el Hogar «Mi Familia», señaló que recibió presiones del padrastro para borrar publicaciones en Facebook que alertaban de la noticia.
«Nosotras (ex funcionarias del Sename en Viña del Mar) cuando nos enteramos del crimen hicimos posteos para evidenciar el caso, no tenemos miedo en decir que el sistema está podrido y debe acabarse», señaló la profesional.
La ex funcionaria fue despedida tras el cierre del hogar en el segundo semestre de 2019, no se cancelaron fallas en el sistema eléctrico y la casa bajó cortinas. «En la evaluación sicológica está todo el negocio sucio del Sename, ya que tienen un listado de profesionales acreditados, sicólogos y asistentes sociales, con ellos tú te tienes que evaluar en caso de querer adoptar, y hay que recordar que es pagado, el examen se paga. No hay apoyo tampoco para una madre drogadicta, no hay centros de rehabilitación, entiendo que ella se internó con ellos, pero se los sacaron con carabineros. Mientras hay trámites y papeleos, los niños se pierden y la institución no hace seguimiento».
Eugenio Contador fue el jefe administrativo por casi 10 años del Hogar Mi Familia, y conoció a la víctima antes de ser ingresados al «Noche de Paz», recinto donde se concretó la adopción. Era prácticamente el padre de los 20 niños que generalmente estaban bajo el cuidado del servicio, ya que era el único hombre entre los funcionarios. «Fue un gran dolor el que sentí cuando me enteré de la noticia, se te vienen a la mentes los paseos de navidad, los viajes que se hacían».
En ese contexto, asegura falencias claras en la labor de la psicóloga y la asistente social. «Tú te encuentras que cada cuatro año se van cambiando los cargos en el Sename y en otros servicios del Estado, hay cargos políticos y no de carrera, esa es la gran falla, súmale el nepotismo. Debe haber gente preparada para lidiar con gente adicta a drogas. En Chile estamos cayendo en exceso con los abusos a los niños. Me parece que acá no hubo seguimiento, los niños no alcanzaron a estar dos meses con sus padres en Coquimbo, no es normal que eso pase en tan poco tiempo», sentencia.
