«No es que llevemos a Marcelo Pereira al Tribunal Supremo, lo que uno hace es poner en conocimiento del organismo el informe de Contraloría y de las faltas que están establecidas, con el objeto de determinar si hay algún incumplimiento», explica el timonel de la DC, Patricio Solís.
Los antecedentes fueron remitidos este martes.
La mesa regional de la Democracia Cristiana (DC) acordó poner a disposición del Tribunal Supremo del partido los antecedentes del informe de Contraloría, en donde se evidenciaba un déficit en el municipio de Coquimbo cercano a los 25 mil millones, además de dobles contratos y otras irregularidades.
El presidente regional de la DC, Patricio Solís, explica que «no tiene que ver con el reportaje de Canal 13, sino que a efectos de que el tribunal determinara si era necesario realizar algún tipo de investigación del tema».
«Todas estas cosas son de carácter local, no son de nivel nacional… pero a raíz de lo que ocurrió el día lunes con el reportaje de Canal 13, el Tribunal Supremo decide iniciar de oficio una investigación para determinar si es que hay alguna situación irregular o que pueda perjudicar al partido en estos hechos», sostiene.
Respecto a en qué consistía que enviaran los antecedentes al Tribunal Supremo, aclara que «los partidos políticos en general, por la norma y los estatutos que cada uno tiene, establecen ciertas faltas que eventualmente podría cometer los militantes, y en base a eso tomar alguna sanción, desde la suspensión de la militancia o la expulsión de las personas».
«Lo que le interesa al Tribunal Supremo, y lo que hemos dicho siempre, es que todas las situaciones hay que aclararlas de cara a la ciudadanía con todos los antecedentes, y no tiene otro mérito para que se aclare… Ve la disciplina de los integrantes del partido y acatamiento de las normas tanto éticas como el comportamiento acorde
a los estatutos», agrega.
Renuncia de
funcionarios de confianza
El pasado martes, el acalde electo de Coquimbo, Alí Manouchehri, había señalado que esperaba que los funcionarios de la actual gestión, que han sido favorecidos con plantas municipales por favores políticos, renuncien voluntariamente a estas, a lo que Solís puntualiza que «la ley orgánica de municipalidades establece que hay ciertos cargos que son de confianza del alcalde y ellos cesan cuando el edil pierde la confianza, y la ley establece cuatro cargos que son así, que son el director de jurídico, el Secplan, el administrador municipal y Dideco».
Sostiene que «de ahí vienen los otros cuatro tipos de cargos que existen en el municipio, que son los funcionarios de planta, contrata, los honorarios y eventualmente hay personas con Código del Trabajo, y cada uno de estos tipos de contrataciones tienen una normativa jurídica que regula cómo funcionan y cómo cesan en sus funciones, además Contraloría ha hecho dictámenes con los derechos».
«A nosotros nos parece que no es recomendable que se manifieste una postura de vulnerar los derechos de los trabajadores municipales, hay muchos trabajadores del municipio que hacen un trabajo tremendo para poder seguir adelante con la gestión, algunos más allá de su jornada, sin cobrar horas extras, y por el compromiso que tienen, muchos exponen sus salud en la pandemia, haciéndolo en los vacunatorios o la calle», añade.
Y puntualiza que «no nos parece adecuado hacer esta solicitud genérica y pasar por encima de los estatutos administrativos municipales en que se encuentra cada funcionario municipal, hay que respetarlo y cumplirlo, si hay alguien que haya cometido alguna infracción y amerite poner término a su contrato, obviamente será lo adecuado en su oportunidad».
